El Gobierno de Evo Morales instruyó hoy a las Fuerzas Armadas para que realicen operativos de control en las zonas fronterizas de Bolivia para evitar el contrabando de azúcar, cuya exportación está prohibida desde la semana pasada, indicó una fuente oficial.
El vicepresidente Álvaro García Linera informó a los medios sobre una reunión sostenida hoy con el alto mando militar, en la que se decidió emitir una resolución para ejecutar un plan de control en las fronteras del país.
Entre las principales zonas que serán vigiladas están la localidad de Desaguadero, en la frontera con Perú, y la sureña Yacuiba, fronteriza con Argentina, que registran altos índices de contrabando.
La medida se enmarca en el decreto emitido el pasado viernes por el Ejecutivo boliviano, que prohíbe temporalmente la exportación de azúcar con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno y frenar el incremento del precio de ese producto en el país.
Agricultores y sectores empresariales han lamentado la medida al indicar que causará pérdida de empleos en el sector y mermará la producción nacional de azúcar, puesto que se tendrá que cosechar y procesar menos caña si los excedentes no pueden ser exportados.
García Linera llamó hoy a los ingenios azucareros a mantener la producción del alimento, que, según el vicepresidente, ronda las 450.000 toneladas anuales de azúcar, de las cuales, 150.000 son excedentarias.
Aseguró que el Estado boliviano está en condiciones de comprar "todo el azúcar" excedentario que se produzca en el país.
"Ustedes sigan produciendo, sigan procesando el azúcar, tendrán la ganancia que corresponde, una ganancia promedio buena, y su excedente productivo estará en manos del Estado", sostuvo el vicepresidente, dirigiéndose a los productores.
Según García Linera, los productores pretendieron incrementar el precio del azúcar de los actuales 145 bolivianos (unos 20,5 dólares) por quintal, establecidos por el Gobierno de Morales el pasado mes de octubre, hasta unos 200 bolivianos (28 dólares), lo cual, dijo, no será permitido por el Ejecutivo.
"El Estado está en la obligación de garantizar el abastecimiento de la familia boliviana. No vamos a permitir especulación, ni contrabando ni ocultamiento ni sobreganancias excesivas que perforan el bolsillo de la familia boliviana", advirtió.
Afirmó que "la única intención del Gobierno" a través de la prohibición "es proteger y garantizar que el azúcar llegue a un precio justo" a la población.
No obstante, los empresarios han indicado que la especulación de precios no es promovida por los agricultores ni por los industriales y que quienes están causando su incremento son los contrabandistas e intermediarios.
