El ministro boliviano de Gobierno (Interior), Sacha Llorenti, informó hoy que el refugiado colombiano Francisco José Cortés Aguilar es objeto de una investigación, pese a que fue liberado por una orden judicial tras ser arrestado el pasado lunes.
Llorenti ratificó que Cortés está siendo investigado por haberse hecho pasar por asesor del presidente Evo Morales y porque "aparentemente tiene montada una red de tráfico de influencias".
Cortés, quien vive hace varios años en Bolivia, fue detenido el lunes al viajar a la cumbre de los pueblos sobre el cambio climático que se celebró en la región central de Cochabamba.
La Policía lo acusó entonces de haberse hecho pasar por asesor de Morales, si bien después una jueza de Cochabamba decidió liberarlo.
Llorenti sostuvo que Francisco "Pacho" Cortés tiene en Bolivia condición de refugiado, ya que en su país sufre persecución, pero que debe someterse al cumplimiento de algunas normas nacionales.
Insistió en que Cortés cometió "un abuso" al hacerse pasar por "un funcionario de alto nivel del Ejecutivo" y por ofrecer a terceros cargos en instituciones públicas.
A juicio de Llorenti, estos asuntos tendrían que ver más con "un posible tráfico de influencias" y no son temas que correspondan a un refugiado político o a las supuestas actividades en defensa de los derechos humanos que Cortés desarrolla en Bolivia.
Agregó que se está investigando cuál es la relación de Cortés con las poblaciones campesinas de San Gabriel y Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, porque existe información de que su actividad allí es "preocupante", aunque el ministro no dio más detalles sobre el tema.
"Nadie le va a restringir el derecho al trabajo (...), pero de sus propias declaraciones se nos despiertan muchas dudas acerca del trabajo y de las conexiones que tiene", apuntó.
El titular de la cartera de Gobierno acotó que cuando se requisó a Cortés se le encontró una agenda con todos los teléfonos del alto mando militar y policial, además de los números de todo el gabinete de ministros y de los viceministros.
Llorenti también anunció que el Consejo Nacional de Refugiados (Conare) se reunirá para analizar la situación de Cortés.
En 2003, el colombiano fue acusado de narcotráfico y terrorismo por una presunta vinculación con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, aunque después quedó libre porque las autoridades no probaron esa relación.
El director de Inspectoría de Migración, Gustavo Luna Orozco, aclaró que la detención del colombiano se enmarcó en un operativo rutinario de Migración para verificar la situación de los ciudadanos extranjeros que ingresan a Bolivia, acción que se intensificó por la llegada de delegaciones de varios países que asisten a la cumbre.
