El Gobierno chileno sostuvo hoy que no es partidario de incluir a militares involucrados en violaciones a los derechos humanos en un posible indulto general planteado por la Conferencia Episcopal con motivo de la celebración, en 2010, del Bicentenario de la Independencia.
La ministra portavoz de Gobierno, Carolina Tohá, explicó hoy a la prensa que en La Moneda, sede del Ejecutivo, se estudian las propuestas de indultos.
Pero, añadió "que para evitar temores o polémicas que no tienen fundamentos" no se tratará la posibilidad de indultar a ex militares condenados por crímenes ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La presidenta Michelle Bachelet se mostró este miércoles abierta a estudiar la inclusión de represores condenados por violaciones a los derechos humanos en un indulto propuesto por la Iglesia Católica con motivo de la celebración, en 2010, del Bicentenario de la Independencia.
"No me cierro a mirar todas las propuestas que lleguen y mirar cuál es el grado de acuerdo que podemos tener en la sociedad chilena", sostuvo la mandataria en una entrevista con la radio Agricultura.
Sin embargo, la ministra Tohá, ante el rechazo de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de abogados defensores de derechos humanos, precisó este jueves que no es adecuado usar esa herramienta (indulto) en favor de los represores militares.
El pasado 11 de julio, la Conferencia de Obispos católicos chilenos planteó al Gobierno y a los demás poderes del Estado una propuesta para indultar en 2010 a los presos mayores de 70 años, los enfermos terminales, a las madres con hijos pequeños y a los condenados por delitos menores.
En la actualidad, hay en Chile unos 60 antiguos represores condenados y alrededor de 700 procesados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de Pinochet.
El Informe Rettig concluyo a principios de 1991, que en total 2.279 personas perdieron la vida entre 1973 y 1990, de los cuales 164 fueron clasificados como víctimas de la violencia política y 2.115 como violaciones a los derechos humanos.
La propuesta de la Iglesia católica empezó a gestarse a finales de 2008, cuando la capellanía de Gendarmería (Servicio de Prisiones) inició un estudio para definir qué delitos y qué personas podrían recibir los beneficios penitenciarios.
El indulto se convirtió, además, en un tema de campaña electoral en las últimas semanas, debido a las críticas hechas al ex presidente y actual candidato presidencial Eduardo Frei Ruiz Tagle por haber indultado a un condenado por narcotráfico en 1994, durante su mandato (1994-2000).
Los demás candidatos han atacado con dureza a Frei y a las políticas contra la delincuencia de los últimos gobiernos, críticas cuyos coletazos llegaron también a la gobernante Bachelet, bajo cuya Administración se han otorgado 61 indultos a presos enfermos terminales, ancianos o madres con hijos pequeños.
