El Gobierno chileno anunció hoy que enviará al Congreso un proyecto de ley que garantice el libre acceso a la "píldora del día después", cuya distribución a través del sistema público de salud fue descartada la semana pasada por un dictamen de la Contraloría General de la República.
"Se busca establecer de manera clara e indiscutible el derecho de todas las personas a decidir qué tipo de sistema anticonceptivo usa y es deber del Estado dar facilidades para que este derecho se ejerza igualmente por todos los ciudadanos", dijo la portavoz del Ejecutivo, Carolina Tohá, al hacer el anuncio.
Tohá añadió que el envío del proyecto será independiente de una solicitud que hará el Gobierno a la Contraloría para que reconsidere la resolución.
La portavoz de La Moneda agregó en una rueda de prensa que esta ley, además, pretende fijar como obligación del Estado informar y educar sobre el tema a la ciudadanía.
"El Gobierno no quiere sólo actuar de emergencia, sino que también actuar en el ámbito de la prevención y en la creación de una cultura de sexualidad responsable en nuestro país", precisó.
La ministra de la Mujer, Laura Albornoz explicó por su parte que será un proyecto que se hará cargo también de "las consecuencias de los delitos de violencia sexual contra las mujeres".
Tras la determinación de la Contraloría, algunos parlamentarios oficialistas como María Antonieta Saa y Fulvio Rossi decidieron distribuir, de forma gratuita, el anticonceptivo de emergencia en sus propias oficinas.
El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, recalcó que "es una situación manifiestamente injusta, el que solamente las personas con recursos puedan acceder a este fármaco", ya que la prohibición no afecta al mercado farmacéutico privado, donde cualquiera que presente una receta médica puede comprar la píldora.
El Gobierno procuró facilitar el acceso al anticonceptivo gratuitamente a las mujeres de sectores pobres y a las que hayan sido violadas, pero en abril de 2008 el Tribunal Constitucional prohibió al Ministerio de Salud incluir la píldora en las políticas públicas sobre fertilidad ya que, a su juicio, vulnera la Constitución.
Ante esto, las autoridades sanitarias decidieron distribuir el anticonceptivo a través de programas municipales de salud pública, al considerar que la resolución del tribunal no es vinculante para los municipios.
El dictamen de la Contraloría, sin embargo, sentenció que el fallo del Tribunal Constitucional también rige para los municipios, debido a que forman parte del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
