El ministro colombiano del Interior y Justicia, Fabio Valencia, aseguró hoy que el informe de Amnistía Internacional (AI) en el que se denuncian ataques contra las comunidades indígenas de Colombia desconoce "los logros de este Gobierno" con dichos grupos étnicos.
"El informe titulado 'La lucha por la supervivencia y la dignidad. Abusos contra los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia' de AI, aunque reconoce algunos avances no responde de manera clara y completa a los logros de este Gobierno con los pueblos indígenas", señaló un comunicado oficial.
Valencia señaló que el documento de AI "equivocadamente parte de la existencia de 'conflicto armado interno' y de 'paramilitares', siendo muy tímido frente al hecho de que los pueblos indígenas han sido despojados y asesinados por las FARC y las bandas criminales emergentes".
También observa que se "olvida" citar la existencia de los cultivos ilícitos como una de las principales causas del desplazamiento forzado que obliga a miles de colombianos, y en su mayoría grupos indígenas, a abandonar sus territorios.
El Gobierno también se muestra indignado porque tampoco se recogen las medidas de protección a 300 líderes de pueblos indígenas y otras 1.200 a integrantes de esos grupos, recomendadas por el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER), que analiza los casos de los grupos étnicos.
Subraya el desarrollo de planes para evitar la desaparición de las comunidades indígenas Puinaves, Piapocos, Sikuanis, Curripacos, del resguardo Paujil en el departamento de Guainía (sureste); Amorua en el departamento de Vichada (este) y para las del Resguardo Araca Bacatí lagos del Jaimacuru del Alto Vaupés (sureste).
Y además, informa que se ha hecho un seguimiento de 11 planes de acción integral para pueblos en riesgo de extinción en los departamentos de Arauca (noreste), Casanare (este), Cesar (norte), Risaralda (centro-oeste), Guainía (este), Guaviare (sur), Córdoba (noroeste), La Guajira (norte) y Chocó (noroeste).
El estudio de AI culpa de la situación de vulnerabilidad de los indígenas colombianos a guerrillas, fuerzas de seguridad y paramilitares, a quienes atribuye numerosos crímenes como asesinatos, desapariciones forzosas, reclutamiento de niños soldados y persecución de líderes indígenas.
Asimismo, llama al Gobierno colombiano a "hacer frente a sus responsabilidades seriamente y adoptar medidas urgentes para proteger a los pueblos indígenas".
El informe de esa organización no gubernamental de derechos humanos resalta la situación de la comunidad Awá, quienes residen en un área de importancia estratégica en el conflicto -en la reserva de El Gran Rosario en el municipio de Tumaco, en Nariño (suroeste)-, y registran casi la mitad de los 114 asesinatos ocurridos en 2009.
A pesar de que reconoce que se ha hecho un relato ajustado de estos hechos, el ministro lamenta que la organización no tome en cuenta la respuesta del Gobierno ante las matanzas de Awás, ya que asegura que llegó a la zona con la mayor celeridad y proporcionó los medios para reparar a los aborígenes y avanzar en la investigación.
Agrega Valencia que en el informe de AI no se menciona ninguna de las políticas públicas en las que han sido incluidos los indígenas, ni el reajuste de tierras que les fueron sustraídas, así como los recursos económicos distribuidos en 230 municipios y 27 departamentos.
Según el censo general de 2005, en Colombia hay casi 1,4 millones de indígenas, lo que representa el 3,4 por ciento de la población.
