El Gobierno colombiano rechazó hoy las amenazas de muerte que ha recibido el sacerdote Javier Giraldo, reconocido defensor de los derechos humanos, y exhortó a la Fiscalía a adelantar "una pronta y efectiva" investigación al respecto.
En un comunicado de la Vicepresidencia de la República el Gobierno rechazó los grafitis contra Giraldo que aparecieron hace unos días en la capital colombiana y agrega que "exhorta a la Fiscalía General de la Nación para que adelante una pronta y efectiva investigación" sobre este caso.
El Ejecutivo, agrega el comunicado, "ha brindado todas las garantías para que las ideas diferentes se puedan expresar mediante la confrontación pacífica".
Una de las pintadas contra el sacerdote invita a una "acción nacional" en "contra del cura marxista", mientras que otra dice que Javier Giraldo es igual a muerte.
Giraldo es el coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de la ONG Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) de la Compañía de Jesús, y su tarea como investigador en estos campos es reconocida nacional e internacionalmente.
También es reconocido por el acompañamiento que hace a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, asentamiento de antiguos desplazados del noroeste del país que en 1997 se declararon neutrales ante el conflicto armado interno.
La semana pasada, el Cinep rechazó los grafitis contra Giraldo y resaltó que el sacerdote "ha denunciado 201 crímenes y asesinatos" cometidos en San José de Apartadó, la mayoría de ellos por paramilitares, otros por miembros del Ejército y algunos por guerrilleros.
Los primeros grafitis aparecieron el pasado 22 de abril, día en que Giraldo habló de la situación de los derechos humanos en Colombia en un congreso mundial sobre desaparición forzada y exhumación de víctimas reunido en Bogotá.
Giraldo advirtió entonces de que la fiscalía ha recibido denuncias sobre unas 150.000 ejecuciones extrajudiciales en el país y dice tener abiertos 50.000 expedientes por desaparición forzada desde finales de la década de los ochenta.
Según Caracol Radio, basado en un expediente judicial, el sacerdote ha sido víctima de interceptaciones telefónicas ilegales.
Los partidos de oposición colombiana han denunciado que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que depende del Ejecutivo, ha realizado interceptaciones telefónicas ilegales y seguimientos a opositores, defensores de derechos humanos, magistrados y periodistas.
La emisora reveló hoy que en el citado expediente hay "evidencias" de seguimientos hechos en 2004 al padre Giraldo y a otros directivos del Cinep.
El escándalo de las escuchas y seguimientos ilegales que hizo el DAS, presuntamente por orden del Gobierno de Álvaro Uribe, está actualmente en manos de la Fiscalía.
