El Gobierno colombiano anunció hoy que "redoblará la seguridad" a los indígenas awá en una región del suroeste del país en la que el miércoles fueron asesinados doce de sus integrantes, entre ellos cuatro niños, uno de ocho meses.
El Ministerio del Interior y de Justicia hizo el anuncio en un comunicado difundido este viernes, en el que señala también que el Gobierno quiere "esclarecer el crimen".
El titular de esa cartera, Fabio Valencia Cossio, expresó en el documento "la firme voluntad del Gobierno" para que "se identifique, capture y ponga a disposición de la Justicia a los responsables del atroz asesinato".
Este miércoles un grupo de desconocidos, uniformados y con pasamontañas, ingresó al resguardo awá Gran Rosario, entre los municipios de Barbacoas y Tumaco, en el departamento de Nariño, a unos 700 kilómetros al suroeste de Bogotá.
Sin mediar palabra, los miembros del grupo asesino dispararon contra los indígenas de dos de las casas del resguardo.
"El Ministerio del Interior y de Justicia ha dado alta prioridad a las acciones a favor de las comunidades indígenas, para proteger su población, sus tradiciones culturales y las autoridades legítimamente designadas (...)", indicó el comunicado emitido por el Ministerio.
Añadió que el Ejecutivo "ha venido desarrollando el Programa Nacional de Garantías para los Pueblos Indígenas e impulsando la formulación de los planes de salvaguarda".
El mismo texto indicó que "a pesar de las dificultades y características del territorio donde habita el pueblo Awá, el Gobierno mantendrá indeclinable sus acciones de atención humanitaria, redoblando esfuerzos de manera concertada con la comunidad, brindando protección y seguridad colectiva".
Agregó que esas medidas buscan "evitar estos reprochables sucesos que atentan contra la vida e integridad de esta población indígena".
La Fiscalía, la Procuraduría General, la Policía y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señaló, igualmente, tienen "las garantías para acompañar la misión investigativa" del múltiple asesinato.
Aclaró, sin embargo, que "no es responsable hacer sindicaciones de ninguna índole mientras las autoridades judiciales y organismos internacionales no determinen los autores y responsables de estos hechos".
La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) deploró la matanza, reclamó de las autoridades una investigación y solicitó la solidaridad internacional.
El Gobierno colombiano también repudió el mismo miércoles la masacre y ofreció una recompensa de unos 50.000 dólares por informaciones que conduzcan a la captura de los responsables.
Ninguna autoridad ha atribuido la matanza a organización alguna, aunque en la zona actúan frentes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como bandas criminales formadas por antiguos miembros de grupos paramilitares que se dedican al narcotráfico.
Las autoridades analizan las denuncias que había hecho recientemente Tulia García, una de las víctimas del ataque del miércoles.
García había señalado que el asesinato de su esposo, Gonzalo Rodríguez, el pasado 23 de mayo en la misma región, fue cometido "al parecer" por "presuntos miembros del Ejército".
