El primer ministro de Antigua y Barbuda, Baldwin Spencer, dijo hoy que está sopesando las opciones para afrontar una demanda en contra su Gobierno presentada por siete inversores del Stanford International Bank por presuntamente encubrir un fraude multimillonario.
Spencer dijo que aunque su Gobierno está preocupado por la acción judicial y sus consecuencias para la nación caribeña, es demasiado pronto para decir cómo planea manejar la demanda y está a la espera de la asesoría del fiscal general del país, Justin Simon.
El primer ministro comentó a la prensa que el asunto es parte de "la saga relacionada con lo que ha sucedido con (el financiero) Allen Stanford y su implicación en Antigua y Barbuda, y en otras partes".
En la demanda, interpuesta en un tribunal de Houston (EE.UU.) el lunes, se acusa al Gobierno de Antigua y Barbuda de presuntamente recibir dinero a cambio de ocultar la situación financiera del Stanford International Bank, con sede en este país del Caribe.
Los inversores están buscando al menos 8.000 millones de dólares en daños, que podrían ser triplicados bajo las disposiciones de compensaciones de una ley de crimen organizado de EE.UU. y la cifra superaría 20 veces el Producto Interno Bruto (PIB) de Antigua y Barbuda, según analistas estadounidenses.
En junio pasado, el gabinete de Barbuda despidió a Leroy King de su cargo como jefe ejecutivo de la Comisión Reguladora de Servicios Financieros por su supuesta implicación en el fraude bajo un esquema conocido como Ponzi.
King afrontará cargos federales en Estados Unidos por presuntamente hacer caso omiso al supuesto fraude del que es acusado Stanford.
El ex funcionario está bajo arresto domiciliario hasta que se lleve a cabo su deportación a EE.UU., mientras que Stanford se encuentra en una prisión estadounidense a la espera de su juicio.
El opositor Partido Laborista de Antigua y Barbuda, que facilitó el ingreso de Stanford al país cuando gobernaba, se ha ofrecido para ayudar al Gobierno actual a batallar contra la demanda.
Allen Stanford, un multimillonario tejano, es acusado por la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC, por su sigla en inglés) de vender títulos a plazo fijo conocidos como certificados de depósito con unas tasas de interés "improbables y no justificadas".
Con esa promesa captó 8.000 millones de dólares a través del Internacional Stanford Bank.
Stanford, según la SEC, estableció además un programa de fondos mutuos específicamente orientado a absorber el dinero de clientes ricos y recibió inversiones por más de 1.200 millones de dólares.
