El Gobierno de Evo Morales acusó hoy al prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, de haber causado daños al Estado por más de 1,4 millones de dólares por el referéndum sobre el estatuto de autonomía del 4 de mayo de 2008, celebrado sin autorización del Congreso ni de la Corte Nacional Electoral.
La ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció hoy ante la Fiscalía de La Paz a Costas, uno de los principales opositores al Gobierno de Morales, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Para Suxo, el prefecto cruceño presumiblemente provocó un daño económico de más de 10 millones de bolivianos (1,4 millones de dólares) con la convocatoria al referendo autonómico, que fue desconocido por el Ejecutivo boliviano.
En aquella consulta, el texto de autogobierno fue aprobado con más del 80 por ciento de los votos, según la Corte Departamental de Santa Cruz.
La Fiscalía boliviana también abrió un proceso contra las principales autoridades de ese departamento por haber celebrado en contra del criterio de las autoridades nacionales la consulta sobre el estatuto autonómico que, según esta instancia judicial, supuso un gasto de más de diez millones de bolivianos.
Además, la Contraloría General de Bolivia está juzgando a las autoridades prefecturales y electorales de los departamentos amazónicos de Beni y Pando y la región sureña de Tarija por el uso indebido de recursos económicos en la realización de consultas similares en 2008.
Por otra parte, la ministra de Lucha Contra la Corrupción acusó al ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, también opositor a Morales, por el desmonte ilegal de áreas de conservación de cobertura boscosa en una superficie de más de 300 hectáreas en su departamento.
Fernández, que se presentó como candidato a la vicepresidencia en las elecciones del pasado 6 de diciembre, en las que Morales fue reelegido con una amplia mayoría, está detenido en una cárcel de La Paz desde septiembre de 2008 por su presunta responsabilidad en la masacre de campesinos en su región y a la espera de juicio.
