El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia denunció hoy tres fraudes en tierras que perjudican la puesta en marcha del proyecto siderúrgico del Mutún, operado por la empresa india Jindal Steel & Power en el departamento de Santa Cruz.
El director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, explicó a los medios que las irregularidades afectan a tres haciendas que suman 14.000 hectáreas en total, en una zona donde la minera india prevé explotar hierro para exportarlo a Argentina y Brasil.
El responsable del INRA señaló que el organismo tramitará el "saneamiento" de las haciendas, por el que procederá a su expropiación y así facilitar la implementación del proyecto siderúrgico Mutún.
El proceso de "saneamiento" que impulsa el Gobierno del presidente Evo Morales consiste en la verificación por parte del INRA de la "función económica y social" de las propiedades rurales, además de la legitima titularidad de las tierras por parte de quienes aparecen como sus dueños.
Rojas explicó que el INRA, una vez concluya el proceso de expropiación, entregará las tierras a la india Jindal para que "realice las inversiones comprometidas".
Sostuvo que el INRA detectó el incumplimiento de la función económica y social en los predios afectados, por lo que su departamento se vio obligado a anular el proceso de saneamiento, cuyos trabajos había realizado una consultora privada en el año 2000.
El responsable del INRA señaló que los propietarios de uno de los predios impugnaron la resolución de su institución ante el Tribunal Agrario, lo que retrasará el saneamiento.
El Mutún es una de las minas más grandes de Suramérica, situada cerca de la localidad de Puerto Suárez, en la frontera entre Bolivia y Brasil, con reservas de hierro y de otros minerales calculadas en 40.000 millones de toneladas.
La empresa Jindal, que prometió invertir en los próximos 40 años 2.100 millones de dólares en esa mina, tiene un contrato de riesgo compartido con el Estado boliviano desde 2007, pero desde octubre pasado tiene problemas para contar con las tierras necesarias.
El Gobierno de Morales se propuso, según fuentes de la empresa india, solucionar los conflictos sobre la propiedad de 5.500 hectáreas de tierras con campesinos y hacendados antes del 15 de enero.
