El Gobierno de Ecuador exigirá el cumplimiento de las condiciones ambientales por parte de empresas de explotación minera a través de un nuevo reglamento para el sector, afirmó hoy el ministro de Minas y Petróleos, Germánico Pinto.
"Exigiremos sistemáticamente que se cumplan todos las regulaciones ambientales y de manejo de agua" en la explotación minera, indicó en un encuentro en Quito con la prensa extranjera.
"Invitamos a la participación y a la inversión, pero las leyes se cumplen", dijo Pinto, quien apuntó que puede darse la posibilidad de que algunas compañías no quieran invertir en el país.
Adelantó que el Gobierno prevé tener listo el nuevo reglamento minero antes de que finalice el mes y sostuvo que la creación de una empresa estatal minera, como contempla la nueva ley, dará "mucha más concreción" al desarrollo de las iniciativas del sector.
"Queremos desarrollar proyectos mineros, construir una empresa que pueda adquirir capacidad técnica y de gestión para la minería, pero eso es un proceso que hay que darle el tiempo adecuado para que se consolide", explicó el ministro.
Recordó que Ecuador posee "reservas importantes" de oro y cobre y que el proceso que construye el Gobierno busca la solidez y el desarrollo sostenido de la minería, "que no solo implica a las (grandes) empresas, sino que pasa por (...) la pequeña minería y la minería artesanal".
A juicio de Pinto, la historia en Ecuador de la producción petrolera y minera de las grandes firmas ha implicado "la ausencia sistemática del Estado" en las zonas de explotación.
"La tragedia de la Amazonía es que el Estado no ha estado presente, así que se han ido construyendo toda una serie de relaciones perversas entre las compañías y las comunidades, en que las compañías han entrado a suplir al Estado mediante acuerdos (...), incluyendo mecanismos de corrupción, con las comunidades".
"Queremos revertir esa relación perversa que se ha tornado en muchas ocasiones en fuente de corrupción y en una cultura de permanente chantaje", para lo que, dijo, se pretende reafirmar el papel del Estado, cambiar el modelo y hacer que se convierta en el interlocutor de las comunidades.
El nuevo reglamento genera expectativas entre las comunidades, después de que el pasado enero la Comisión Legislativa aprobara una nueva ley minera en medio del rechazo de algunos grupos ecologistas e indígenas que consideraron que el proyecto atentaba contra el medio ambiente y las fuentes de agua.
