El Gobierno de Ecuador ordenó hoy a las fuerzas militares apoyar a la Policía en el combate a la delincuencia, especialmente en la ciudad costera de Guayaquil, agobiada por la inseguridad pública.
Miguel Carvajal, ministro coordinador de Seguridad, que encabeza el equipo gubernamental, informó en rueda de prensa de que la medida se aplicará a partir de hoy.
"Las Fuerzas Armadas deberán comenzar a patrullar y a realizar los controles de armas en todo el país, conjuntamente con la Policía", anunció Carvajal.
El ministro explicó que la medida se adoptó luego de que un juez de Quito acogiera el pedido del Gobierno para que conceda medidas de protección a los miembros de las Fuerzas Armadas en su misión de apoyar el combate a la inseguridad pública.
La decisión del juez, precisó Carvajal, permite a los militares detener a una persona si comete algún delito flagrante y dijo que esta medida forma parte de una estrategia del Gobierno para enfrentar a la delincuencia y la inseguridad.
"Las Fuerzas Armadas tienen la facultad legal para el control de armas, para poder actuar en acciones de inteligencia y para la protección de los derechos de la población y del Estado ecuatoriano", precisó.
Carvajal también indicó que se ha solicitado a la Asamblea Nacional que acelere el tratamiento de unas reformas penales presentadas al órgano parlamentario en julio pasado.
"Nos parece importante que la Asamblea trate en el menor tiempo posible estas reformas", sugirió el ministro y recordó que estas incluyen el endurecimiento de penas para delitos como el sicariato (asesinatos por encargo).
También tipifica como delito el uso de menores de edad en la comisión de delitos, endurece las penas por el uso ilegal de armas de fuego y la acumulación de condenas en casos graves.
Asimismo, hizo referencia a las críticas que se han hecho a jueces que han liberado a personas detenidas por delitos, que no habían recibido sentencias por más de un año.
"Aproximadamente desde el año 2007 existen cerca de 4.000 casos" relacionados con la liberación anticipada de sospechosos por falta de sentencias, de los cuales 3.700 se han producido en la provincia del Guayas, cuya capital es Guayaquil, señaló Carvajal.
"Estos son niveles de impunidad que no pueden ser admisibles en el país", apuntó el ministro.
