El secretario de Justicia, Eric Holder, canceló hoy una controvertida política instituida por el Gobierno del presidente George W. Bush bajo la cual numerosos acusados renunciaron a su derecho de pruebas genéticas.
La ley federal garantiza el derecho de los acusados a que se usen exámenes de ácido desoxirribonucleico (ADN) en la investigación de sus casos y Holder ordenó a los fiscales que cesen de gestionar las renuncias de los acusados a ese derecho.
Estas "renuncias de derechos" se han usado ampliamente en casos federales durante cinco años y contrarían la tendencia nacional a permitir que los prisioneros soliciten, después de su condena, los exámenes de ADN que puedan probar su inocencia.
Este tipo de exámenes han exonerado a más de 260 personas condenadas erróneamente, aunque virtualmente todas ellas estaban condenadas por delitos estatales.
Las "renuncias" se incluyen sólo cuando el acusado se declara culpable por acuerdos con la fiscalía, e impiden que los acusados pidan una prueba de ADN, aún si salen más adelante a luz pruebas que puedan exonerarlos.
Las estadísticas criminales en Estados Unidos muestran que a veces personas que son inocentes se declaran culpables para evitar que se les juzgue y condene por cargos más graves, o para obtener sentencias más leves.
El 25 por ciento de las 261 personas exoneradas por pruebas de ADN habían confesado crímenes que no habían cometido, y 19 de ellas se habían declarado culpables, según el Innocence Project, un grupo de Nueva York que analiza estos problemas.
El año pasado Holder ordenó una revisión de esta política por la cual, durante la Administración Bush el Departamento de Justicia alentó a los fiscales para que obtuvieran renuncias de derechos tantas veces como fuera posible.
El memorando que Holder envió hoy a los fiscales federales indicó que esa política de renuncias "se aplica de forma incoherente y es demasiado rígida como para acomodar los hechos que se presentan en los casos individuales".
La recolección de muestras de ADN de las personas arrestadas debe ser una prioridad del Departamento de Justicia, afirmó Holder.
