El Senado boliviano comenzó a debatir hoy un proyecto de ley del Gobierno del presidente Evo Morales que busca evitar que asuman sus cargos el próximo día 30 dos gobernadores opositores reelegidos, que han sido denunciados por el Ejecutivo por presuntas irregularidades en sus gestiones.
La ministra boliviana de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, confirmó en rueda de prensa que el proyecto establece que los políticos que tengan "acusaciones formales" de la Fiscalía no podrán jurar sus cargos, o serán suspendidos si ya los ejercen.
Si la norma es aprobada en el Parlamento, dominado por el oficialismo, afectará a los gobernadores opositores de Santa Cruz (este), Rubén Costas, y Tarija (sur), Mario Cossío, reelegidos en los comicios regionales y municipales del 4 de abril pasado.
Costas declaró hoy en Santa Cruz que si la norma se aprueba tal como está, "nadie estará libre de que le inventen un juicio para poder tumbar a gobernadores, alcaldes o cualquier autoridad electa que no piensa como el Gobierno".
"Ese es el fin de esta ley", sostuvo el gobernado, quien calificó la norma de "golpe descabellado y de desesperación de un Gobierno que empieza a hacer aguas".
Contra Cossío hay 25 denuncias por presunta corrupción en obras públicas de su región que no fueron concluidas y ha sido imputado por contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado, explicó Suxo.
En el caso de Costas, hay nueve denuncias en su contra, entre ellas una por financiar en 2008 un referendo sobre autonomías, al que se opuso Morales porque creía que esa consulta provocaría una secesión territorial en Bolivia.
Similares consultas autonómicas fueron financiadas por Cossío en Tarija; por el gobernador reelegido de Beni, Ernesto Suárez, y por el ex gobernador de Pando Leopoldo Fernández, que está preso en La Paz, acusado de una matanza de campesinos en 2008.
Suxo precisó que sólo Cossío y Costas tienen "imputaciones formales" y agregó que, aunque Suárez tiene dos denuncias en contra, su caso aún no ha avanzado hasta una imputación.
En las elecciones regionales de abril, el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), ganó en seis de los nueve departamentos de Bolivia, la mayoría de la zona andina.
Perdió en Santa Cruz, Beni y Tarija, bastiones opositores en la región oriental amazónica y del Chaco desde que el mandatario inició su primer Gobierno en 2006.
El senador opositor Germán Antelo dijo que la nueva norma elimina la presunción de inocencia de los acusados, que está consagrada en la Constitución, y que sólo debería producirse la suspensión del cargo si hay una sentencia y en firme.
Agregó que el proyecto "busca inhabilitar a gobernadores que no son afines al MAS" y no respeta el mandato de quienes el mes pasado respaldaron en las urnas a Costas y Cossio.
