El Gobierno de Daniel Ortega ha resuelto, desde que asumió de nuevo el poder en 2007, unos 80 reclamos de propiedades confiscadas a estadounidenses en el primer régimen sandinista en los años 80, dijo hoy una fuente oficial.
El procurador general de Nicaragua, Hernán Estrada, indicó a la prensa que en el año fiscal de Estados Unidos, de agosto de 2007 a julio de 2008, que coincidió con el primer año de ejercicio pleno del Gobierno de Ortega, se resolvieron 42 reclamos de propiedad a estadounidenses.
Y de agosto de 2008 hasta hoy, dos meses antes de concluir el año fiscal de Washington, se han resuelto otros 38 casos, precisó.
"En la mitad del Gobierno de Daniel Ortega se han indemnizado una suma de 21 millones de dólares" por esos casos, agregó.
Aún quedan pendientes 279 casos, detalló el procurador Estrada, quien observó que sólo nueve de los afectados son nacidos en Estados Unidos, el resto son nicaragüenses que emigraron hacia ese país del norte y adquirieron la nacionalidad estadounidense.
Anotó que entre esos 270 ciudadanos estadounidenses hay extintos miembros de la Guardia Nacional del dictador nicaragüense Anastasio Somoza, derrocado el 19 de julio de 1979 por la fuerza de las armas por los sandinistas.
El funcionario dijo que es "difícil" resolver esos casos porque aún están vigentes en Nicaragua dos decretos confiscatorios contra ex miembros de la Guardia somocista, emitidos en el primer régimen sandinista de los años 80.
Estrada dijo confiar en que Estados Unidos concederá una nueva prórroga a Nicaragua para seguir resolviendo casos, lo que permitirá al país recibir ayuda de EE.UU. este año, en reconocimiento a los avances obtenidos en la solución de los reclamos de propiedades.
La prórroga actual, que comenzó el 1 de agosto pasado, se vence el 31 de julio de 2009.
Sin la concesión de la prórroga, conocida como "waiver", Nicaragua dejaría de recibir ayuda bilateral estadounidense y el respaldo de este país para la obtención de recursos de parte de las instituciones financieras internacionales.
Esto se debe a que la Sección 527 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores del Año Fiscal 1994 y 1995 prohíbe la ayuda y el apoyo de Estados Unidos a los países donde no se atienden o compensan los reclamos de sus ciudadanos por propiedades expropiadas indebidamente.
El Estado nicaragüense ha pagado 1.228 millones de dólares a ciudadanos estadounidenses que han reclamado sus propiedades en este país centroamericano, desde que entró en vigor la Sección 527.
"De esos 1.228 millones de dólares, 1.104 millones de dólares se pagaron durante las administraciones de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y Arnoldo Alemán (1997-2002)", puntualizó Estrada.
Durante la administración de Enrique Bolaños (2002-2007) se desembolsaron 103 millones de dólares y 21 millones de dólares en los primeros dos años y medio del Gobierno de Ortega, añadió.
