El Consejo de Ministros de Perú evaluará el miércoles las modificaciones propuestas por trece presidentes regionales y otras instituciones a los decretos de urgencia, que pretendían exonerar los estudios medioambientales previos de 33 proyectos de inversión, anunció hoy el Ministerio de Justicia.
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, se reunió hoy con 13 presidentes regionales, de los 25 que existen en el país, con la defensora del Pueblo, Beatriz Merino; el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Miguel Cabrejos; y con gremios empresariales para recoger sus opiniones sobre los dos controvertidos decretos.
Fernández dijo a la prensa que la derogatoria de las referidas normas nunca ha estado fuera de agenda, pero que ella prefería la modificación, resguardando el tema medioambiental.
Tras la reunión, la ministra señaló que los decretos de urgencia "han sido muy útiles para poder recoger directamente las impresiones (de los presidentes regionales) y, con ello, el Gobierno nacional pueda desarrollar un marco normativo que responda a esas inquietudes".
Asimismo, Fernández agregó que la preparación de cualquier marco normativo será para facilitarles su labor a los presidentes regionales durante los próximos cuatro años de gestión.
A su turno, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, propuso implementar un mecanismo permanente de coordinación entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales sobre planificación y desarrollo.
Asimismo, planteó "recurrir a la figura de prepublicación de las normas" para dar oportunidad a las entidades del Estado y a los ciudadanos de expresar sus opiniones para perfeccionar las normas y "generar consensos", según señaló un comunicado de la Defensoría.
Finalmente, Merino recomendó considerar las implicaciones "sociales de las normas, previniendo las reacciones sociales que pudieran generar".
La defensora remarcó la importancia del fortalecimiento del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental, a fin de que no se convierta en un mero requisito administrativo, "sino en un instrumento efectivo para la sostenibilidad, la prosperidad y la convivencia pacífica".
En tal sentido, exhortó al Congreso a efectuar sus labores de control constitucional, pues el tema abordado por los decretos de urgencia no correspondían a una coyuntura adversa o imprevisible.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) de Perú solicitó el pasado 10 de febrero la derogación de los dos decretos de urgencia que exoneran a 33 grandes proyectos de la necesidad de presentar informes ambientales previos para ganar la concesión.
"Se trata de normas que afectan a las diferentes comunidades de todo el país. Se quiere poner en manos de trasnacionales proyectos estratégicos, los cuales afrontan conflictos sociales. Además se está excluyendo de toda opinión a los Gobiernos Regionales", señaló en una nota de prensa el presidente de la ANGR, también presidente de la Región de Junín, Vladimir Cerrón.
