Preocupado por el creciente auge delictivo que aflige a Trinidad y Tobago, el Gobierno se apresta a declararle la guerra a las pandillas vinculadas con el narcotráfico en Suramérica, que las autoridades dicen son responsables de la mayoría de los asesinatos cometidos en el país.
A las pandillas rivales involucradas en el comercio ilegal de armas y drogas se les atribuye el aumento de los asesinatos en esta nación vecina de Venezuela.
Subash Panday, ministro de Seguridad Nacional, ha dicho que el Gobierno está preocupado por el auge de la delincuencia en el país, particularmente por los delitos cometidos con armas de fuego.
En los últimos siete años, más de 3.000 asesinatos se han registrado en esta nación productora de petróleo y gas, lo que se considera muy elevado en un país donde habitan solo 1,2 millones de personas.
"El Gobierno intenta implementar medidas decisivas y firmes para tratar el alza de los crímenes", ha afirmado Panday.
Entre las medidas, se presentará una ley más severa en el Parlamento para frenar el incremento de las pandillas. "Los tiempos peligrosos, necesitan leyes serias", agregó el funcionario.
La Policía estima que en la isla caribeña operan 81 organizaciones delictivas, las cuales tienen entre 10 a 30 integrantes cada una y las edades de éstos oscilan entre los 14 y 44 años.
Panday pronosticó, al referirse a un proyecto de ley, que los tribunales trinitenses pronto tendrán el poder de confiscar las propiedades de quienes integren estas pandillas.
Cualquier persona que ayude, instigue o asista en perpetrar un delito relacionado con una pandilla afrontará multas de 80.000 dólares y condenas de 20 años de cárcel.
Las personas que sean declaradas culpables de albergar a quien haya cometido un delito vinculado con las pandillas será multado con 24.000 dólares o condenado a cinco años de prisión.
Asimismo, los tribunales podrán castigar con trabajo forzado por 20 años a quienes se conviertan en integrantes de pandillas o afirmen formar parte de las mismas. Ese castigo aumentará a 25 años si se trata de un agente policial o miembro de servicios de protección.
Panday, al observar que las pandillas tratan de reclutar a jóvenes, dijo que una persona intentado atraer a menores de edad a esas organizaciones delictivas afrontaría una condena de 15 años de cárcel.
Con ello se espera enviar el mensaje de que cualquier miembro de pandillas que esté a 500 metros de una escuela reclutando a alguien que sepa o sospeche que es un menor, está cometiendo un delito que será castigado.
Otra medida severa se impondrá a las personas que tengan chalecos antibalas, armas y municiones para beneficio de una pandilla: recibirán multas fuertes o 15 años de trabajo forzado.
El Gobierno de Trinidad y Tobago también planea enmendar la ley de armas de fuego para mantenerlas lejos de las manos de esos grupos delincuenciales porque son las preferidas de los pandilleros para cometer delitos.
Las sanciones a los delitos con armas de fuego también se incrementarán. Bajo el proyecto de ley una persona que es declarada culpable de tener ilegalmente un arma afrontaría 20 años de trabajo forzado.
