El Gobierno de Venezuela prorrogó una vez más la congelación de las tarifas de alquiler de viviendas, como lo hace semestralmente desde que decretó la medida por primera vez el 8 de abril del 2003, informó hoy la estatal agencia de noticias ABN.
"La resolución señala que los arrendadores que infrinjan la decisión o incurran en especulación, usura y otros delitos conexos serán sancionados" con las multas de diverso monto contempladas en los reglamentos de las leyes "Para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y de Arrendamiento Inmobiliario".
Los cánones de alquiler en vigor son, al menos en teoría, los acordados por arrendatarios y propietarios hasta noviembre del 2002.
La medida legal fue autorizada por los ministerios del Poder Popular para la Infraestructura, para las Industrias Ligeras y Comercio y el de Vivienda y Hábitat, detalló la ABN.
Al decretarse la medida por primera vez se determinó que los litigios entre arrendatarios y propietarios de inmuebles ventilados en la justicia seguirán su trámite natural, pero sus efectos quedarán suspendidos durante la vigencia de la medida.
El Ejecutivo justificó la congelación inicial en las secuelas de una huelga general con la que durante 63 días, entre diciembre del 2002 y febrero del 2003, sectores de la oposición buscaron forzar la dimisión del presidente del país, Hugo Chávez.
Tras la huelga, además de congelar las tarifas del alquiler de viviendas, el Gobierno implantó un régimen de control estatal cambiario para detener una fuga de capitales y evitar, entre otras secuelas, "alzas indebidas y arbitrarias de los cánones de arrendamiento (...), en evidente perjuicio de los inquilinos".
También decretó entonces la "inamovilidad laboral", que impide los despidos y que asimismo prorroga semestralmente, así como la congelación de precios de alimentos de consumo masivo.
La prórroga del decreto de congelación de las tarifas de alquiler, asimismo flexible, dado que los inquilinos aceptan incrementos en las tarifas para rehuir litigios judiciales, se produce en medio de una nueva ofensiva gubernamental para intentar reducir el déficit acumulado de unas 1,8 millones de viviendas.
Chávez ha dicho en las últimas semanas que "para lanzar con fuerza el plan de construcción de viviendas" fue necesario nacionalizar las industrias productoras de cemento, lo que inició en agosto pasado.
El jefe del Estado ha criticado que los planes oficiales de construcción de viviendas se han visto retrasados debido al déficit de cemento en el país, supuestamente derivado de que las cementeras exportan la mayoría de su producción.
