El ministro de Economía y Finanzas de Haití, Ronald Baudin, destacó hoy la importancia del respeto a la propiedad privada, mientras damnificados del sismo del 12 de enero que ocupan campamentos improvisados en Puerto Príncipe están amenazados de expulsión forzosa.
"Mientras tenemos que hacer todo lo posible para mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de aquellos que viven en tiendas de campaña, también tenemos que promover el respeto a la propiedad privada", declaró a la prensa local el ministro, quien también es presidente de la Comisión de Facilitación para la Reconstrucción del Centro de Puerto Príncipe.
Para el ministro, "la propiedad no es un freno para el traslado de personas sin hogar (a una vivienda) debido a que el Gobierno se ha comprometido a dar tierra cada vez que hay un proyecto serio de vivienda", subrayó.
Desde hace algunas semanas se incrementan las protestas de grupos de personas sin albergues, que el pasado viernes se concentraron frente a la oficina del primer ministro y el lunes frente al palacio presidencial para pedir "casas duras" (por oposición a las tiendas de campaña) y respeto a su "derecho al alojamiento".
Mientras, amenazas de desalojos forzosos llevaron al experto independiente de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Haití, Michel Forst, a reiterar la semana pasada su petición de una moratoria sobre la expulsión de personas desplazadas de los campamentos improvisados situados en terrenos privados.
No se puede tomar ninguna decisión de desalojo de estas personas sin "una estrategia de reubicación ejecutada por el Gobierno", declaró.
El Gobierno indicó que todavía hay 1.300.000 personas desplazadas que viven en 1.300 campamentos, la mayoría improvisados en la capital y otras regiones afectadas por el sismo, que dejó 300.000 muertos e igual cantidad de heridos.
Adam Fysh, responsable del grupo Albergue que coordina los intercambios entre los organismos de la ONU, el Gobierno y las organizaciones no gubernamentales (ONG), lamentó la falta de una "estrategia nacional formal" para reubicar a las personas sin hogar.
Indicó a Efe que de los 135.000 "refugios de transición" que se preveía construir hasta el verano de 2011, solo 10.000 fueron construidos, debido a la lentitud de la descarga de materiales y de acceso físico y legal a la tierra.
"Es difícil encontrar propietarios que tengan un título", lo que, según él, dificulta la realización de planos para reubicar a personas desplazadas.
Tambien, Fysh destacó que la mayoría de las víctimas prefieren permanecer en los campamentos, porque no están obligados a pagar alquiler.
Por su parte, el Gobierno consideró que el programa de "Dinero por trabajo", que ofrece empleos temporales en labores de limpieza de lugares tuvo el efecto de atraer personas a los campamentos.
El Gobierno ha anunciado un plan urbano para reconstruir una parte del centro de la capital, con espacios para ubicar varias empresas privadas y edificios de la administración pública.
Por ello declaró de "utilidad pública" un perímetro que debe ser liberado de escombros y en el que no se pueden hacer intervenciones sin autorización del Estado, lo que provocó el descontento de algunos sectores.
La semana pasada, el Comité de Unión y Apoyo a los Municipios (CUSM) expresó "preocupación" acerca del futuro del patrimonio nacional del centro de la capital, donde se lleva a cabo la operación de demolición de varios edificios.
