El Gobierno de Perú anunció hoy un inminente desbloqueo de la carretera Panamericana Sur, tomada desde la semana pasada por pobladores de la provincia de Islay que se oponen al proyecto minero Tía María, para lo cual la Policía ya cuenta con la orden de intervenir "en el momento adecuado".
El ministro peruano del Interior, Octavio Salazar, confirmó que la Policía cuenta con la orden de intervenir "en el momento adecuado" y que esto se hará buscando "el mínimo costo", pero añadió que si se llega a un acuerdo se paralizarán los planes de desalojo.
Aseguró que esta medida se ha tomado después de confirmarse que entre los manifestantes se encuentran reservistas del Ejército vinculados con la doctrina "etnocacerista", de ideología ultranacionalista y habitualmente acusados de instigar protestas regionales.
Los "etnocaceristas" están liderados por Antauro Humala, condenado a 25 años de cárcel por las muertes de cuatro policías y un civil tras la toma de la comisaría de Andahuaylas, en enero de 2005.
El ministro añadió que los "etnocaceristas" están arengando para que los pobladores se armen con palos, piedras y machetes.
En su opinión, estos buscan un enfrentamiento violento con la Policía para que se produzcan muertos y heridos y, de esa manera, culpar al Gobierno "por no dialogar".
Salazar dijo que los líderes de los manifestantes tienen una posición "absurda" al exigir la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, y agregó que si se llega a un acuerdo se paralizarán los planes de desalojo.
Según reportes desde la zona, hoy llegaron unos 1.000 policías hasta la base aérea militar de La Joya, en la región Arequipa, donde se encuentra Islay, con lo que serán más de 3.000 los agentes destinados a esta localidad.
Ante la persistente tensión en Islay, el obispo de la regiones sureñas Moquegua y Tacna, Marco Antonio Cortez, invocó hoy a los implicados en la crisis a que "cedan" y retornen al diálogo.
Cortez declaró a la cadena CPN Radio que ve con "mucha preocupación" que existe el interés de algunos grupos (que no identificó) de "imponer" sus decisiones, sin importarles el orden y el diálogo.
Los pobladores de Islay levantaron el domingo por unas horas el bloqueo de la carretera Panamericana, tras una reunión de la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, con sus dirigentes.
Miles de manifestantes se retiraron de la carretera para dar paso a cientos de camiones y autobuses que llevaban seis días varados a la entrada y a la salida de la localidad de Cocachacra.
A pesar de que acataron la decisión, muchos de los huelguistas, que consideran que Tía María contaminará las aguas que utilizan para sus cultivos, señalaron que solo se trataba de una tregua, por lo que el bloqueo se retomó horas después.
El tramo paralizado para el transporte va del kilómetro 947 al 952 de la carretera Panamericana, donde los manifestantes piden la retirada del proyecto de Southern Perú Copper Corporation, la anulación de las concesiones mineras en la zona y la construcción de una represa que garantice el abastecimiento de agua.
Las autoridades peruanas cancelaron el sábado una audiencia pública que había sido convocada para exponer mañana el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Tía María.
El Gobierno considera que el proyecto no afectará a las reservas hídricas, ya que sólo demandaría siete millones de metros cúbicos de los 160 millones en reserva en la zona, y subraya que dejaría 300 millones de soles (104 millones de dólares) en concepto de canon.
Southern extrae cobre desde 1960 en Toquepala, en la región de Tacna, y desde 1976 en Cuajone, en la vecina Moquegua. Su proyecto de Tía María demandará una inversión de 949 millones de dólares y producirá unas 120.000 toneladas anuales de este mineral.
El presidente peruano, Alan García, consideró el viernes que las protestas eran obra de "ínfimas minorías que practican el terrorismo vial y que quieren chantajear al país tomando una carretera".
El mandatario vinculó esta acciones con la cercanía de las elecciones regionales y municipales de octubre próximo.
