El Gobierno de El Salvador presentó hoy al Parlamento una ley que penaliza la participación en pandillas y grupos de exterminio y una propuesta para modificar el Código Penal para aumentar las penas por integrar esos grupos hasta unos 8 años de cárcel.
"Con esta solicitud pasaría a penalizarse la pertenencia a maras, pandillas, grupos de exterminio", declaró el ministro salvadoreño de Seguridad y Justicia, Manuel Melgar, quien acudió a la Asamblea Legislativa junto al viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos.
Melgar hizo entrega de la "Ley de proscripción de pandillas o maras y grupos de exterminio" y las modificaciones al artículo 345 del Código Penal, referido a agrupación, asociación u organización ilícita.
Esta "es una ley en la que se prohíbe la existencia de estos grupos", aseguró Campos a los periodistas.
La ley, que consta de nueve artículos, establece que "se prohíbe la existencia, legalización, financiación y apoyo de agrupaciones, asociaciones u organizaciones ilícitas, llamadas pandillas o maras y grupos de exterminio, tales como las autodenominadas Mara Salvatrucha o MS-trece, la Pandilla Dieciocho, la Mara Máquina, la Mara Mao Mao, la Sombra Negra y el XGN".
El ministro de Seguridad anticipó que para "aquellas personas que decidan abandonar este tipo de estructuras y organizaciones el Gobierno ofrecerá esa posibilidad".
Sobre la modificación al Código Penal, plantea que la pena por agrupaciones o asociaciones ilícitas "podrá aumentarse hasta las dos terceras partes del máximo", que establece actualmente condenas de prisión de tres a cinco años.
El vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Roberto Lorenzana, indicó que el Parlamento "hará los estudios que crea conveniente" para de "manera acelerada" aprobar esa legislación.
"Hay una voluntad del Gobierno de criminalizar este tipo de organizaciones", destacó el diputado Lorenzana, quien señaló que su partido, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), "dará su respaldo a esta iniciativa" y llamó al resto de grupos políticos a dar su aval.
Las autoridades calculan que las pandillas cuentan con unos 28.000 integrantes, que podrían incluso residir en el extranjero, y que esos grupos perciben mensualmente unos 800.000 dólares por extorsiones.
