El jefe de Gabinete de Argentina, Aníbal Fernández, anunció hoy que el Gobierno va a apelar la orden judicial que reclama su intervención para pacificar el barrio del sur de Buenos Aires en el que fallecieron en violentos enfrentamientos tres inmigrantes que ocupan un parque público.
El martes pasado, un paraguayo y una boliviana murieron durante los incidentes registrados cuando la Policía intentó desalojar el Parque Indoamericano por una orden judicial, tras una denuncia del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Lejos de cesar, los enfrentamientos se avivaron el jueves cuando los vecinos del sureño barrio de Villa Soldati en enzarzaron en una auténtica batalla campal con los okupas, en la que falleció otro ciudadano boliviano que tomaba el predio.
Ante la escalada de acontecimientos, la Justicia porteña declaró hoy el estado de emergencia en el predio del parque y ordenó al Estado nacional que, "a través de sus fuerzas de seguridad, realice un cerco perimetral para evitar el desalojo del predio e impida el ingreso de nuevas personas, como medida para restablecer el orden en la zona", según el fallo difundido por el Centro de Información Judicial.
Fernández aseguró en rueda de prensa que han decidido apelar la orden judicial por considerar que es "de cumplimiento imposible" y "no resuelve el embrollo" ocasionado a su juicio por el gobierno del alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, opositor al Gobierno de Cristina Fernández.
"Ni locos estamos dispuestos a dejar el resto de la ciudad desprotegida" para cumplir con este oficio judicial, afirmó.
El jefe de Gabinete arremetió duramente contra Macri, a quien acusó de ser el culpable de la última muerte debido a su discurso "xenófobo y discriminatorio", y responsable en definitiva de esta situación por "subejecutar" el presupuesto destinado a vivienda social.
"Tanta xenofobia nos arrojó como saldo un nuevo muerto, un tercer muerto. Hasta cuándo insistiremos con éste tipo de recetas que jamás han dado resultado, hemos comprobado que los muertos traen más violencia y más divisiones entre los argentinos", consideró.
Macri desató el jueves una nueva polémica al vincular lo ocurrido con la "inmigración descontrolada" existente en Argentina.
"Parecería que la ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de los países limítrofes y eso es imposible. Todos los días llegan entre 100 y 200 personas nuevas a la ciudad que no sabemos quiénes son, de la mano del narcotráfico y la delincuencia", evaluó en una rueda de prensa.
La embajada de Bolivia en Buenos Aires rechazó en un comunicado "las desaprensivas declaraciones" del alcalde por considerar que "generan un clima de xenofobia en contra de la comunidad boliviana", y reclamó a Macri "disculpas públicas con la colectividad boliviana residente en Argentina".
El canciller argentino, Héctor Timerman, consideró hoy que "criminalizar la inmigración es fascista" y recordó que "la gran mayoría de argentinos son hijos y nietos de inmigrantes".
"Si Macri fuese español, no entra un sólo argentino a España. La discriminación es una violación a los derechos humanos", sostuvo Timerman a través de la red social Twitter.
El boliviano Juan Castañares Quispe, de 38 años, se sumó este jueves a las otras dos víctimas fatales, el paraguayo Bernardo Salgueiro, de 24 años, y la boliviana Rosmeri Cupeña, de 28, fallecidos el martes.
En el operativo de desalojo participaron agentes de la Policía Metropolitana, dependiente del Gobierno porteño, y de la Federal, a cargo de la administración nacional.
Macri reclama al Gobierno nacional el envío de mayores efectivos policiales a la zona por considerar que el tamaño de la fuerza de seguridad de la ciudad es insuficiente para controlar la situación.
Medios locales aseguran que integrantes de bandas presuntamente ligadas al narcotráfico "venden" partes del predio público de 100 hectáreas a personas sin vivienda.
