El Gobierno de Evo Morales afirmó hoy que seguirá adelante con el plan de saneamiento de tierras a pesar del rechazo y las denuncias que organizaciones agrícolas y ganaderas del oriente del país han planteado contra el proceso.
El ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, insistió hoy en declaraciones a los medios en que esta medida "va a continuar en todo el país" ya que es "un proceso consagrado por ley".
Rada respondía así a las críticas recibidas por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que exigió frenar el saneamiento, y por la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Confabol), que ha interpuesto una demanda a las autoridades públicas por la toma de tres haciendas en la región de Alto Parapetí (Santa Cruz, este).
El ministro instó a los propietarios que consideren que sus intereses están siendo afectados por el saneamiento a acudir a las instancias legales y no a la fuerza para presentar sus demandas.
El proceso de "saneamiento" que impulsa el Gobierno consiste en la verificación por parte del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) de la "función económica y social" de las propiedades rurales.
Las tierras que no cumplan esa función económica y social serán revertidas a sus titulares y entregadas a las comunidades indígenas y campesinas de la zona.
El titular de Interior negó las versiones que indican que hubo abusos y violencia en las operaciones que desarrollaron las autoridades del INRA junto con la policía el viernes pasado en tres fincas del área rural del Alto Parapetí que el Gobierno pretende sanear en favor de indígenas guaraníes.
Esta operación se saldó con la detención de tres personas y la incautación de armas en una de las fincas de un terrateniente de nacionalidad estadounidense.
El propio prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, denunció ante los medios que las acciones del INRA ocasionaron la destrucción de dos sistemas de agua y paralizaron la construcción de 95 nuevas viviendas en dos municipios de la zona, según el diario La Razón.
"Rechazo completamente estas insinuaciones de alguna persona y tendrán que demostrarlo", señaló Rada, quien recordó que "fueron los propios terratenientes y latifundistas quienes acudieron a la violencia hace unos meses para evitar el saneamiento" en la región.
"Si vuelven a hablar de comités de defensa armados como hicieron hace algunos meses, tendrán que saber que va a haber una respuesta del estado con la fuerza legal y constitucional", añadió.
Este proceso de saneamiento también ha provocado conflictos en la región de Beni (noreste), donde el Gobierno anunció la expulsión de una comunidad de menonitas (grupo religioso ultraconservador) que al parecer ocupa tierras de forma ilegal desde hace tres años en el municipio de San Javier, de la provincia Cercado.
Pese a que el Ejecutivo anunció ayer su decisión de aplazar el desalojo de las tierras hasta que se verifique la adquisición de esos terrenos, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, adelantó, que a pesar de este trámite, se cumplirá con lo dispuesto por el INRA.
"Van a ser desalojados y nosotros pensamos que eso va a ser así, a nosotros nos ha tocado examinar las razones de los menonitas y no vemos, francamente, que sean salvables", afirmó la autoridad en declaraciones recogidas por la agencia Erbol.
Según los medios, estos menonitas compraron las tierras donde viven de forma ilegal a estafadores por lo que no cuentan con documentación legal que certifique su saneamiento y podrían ser expulsados de los terrenos para ser entregados luego a comunidades campesinas.
No obstante, la comunidad ha tomado contacto con los campesinos de la zona que les han apoyado con varias manifestaciones.
