La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, anunció hoy que insistirá en la concesión a la empresa privada de la modernización de los puertos de la provincia de Limón (Caribe), pese a que la Sala Constitucional anuló una serie de acuerdos que daban luz verde a ese proceso.
La Sala Constitucional resolvió el miércoles con lugar dos recursos de amparo presentados por sindicalistas de la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente del Atlántico (Japdeva), que objetaron el nombramiento en enero pasado de una nueva junta directiva del sindicato y los acuerdos tomados por ésta en favor de la concesión de los muelles.
La Sala anuló los acuerdos y ordenó el reintegro de la junta directiva del sindicato opositor a la concesión que fue destituida en una asamblea general convocada por trabajadores y que fue avalada por el Ministerio de Trabajo del Gobierno del presidente Óscar Arias (2006-2010).
En febrero pasado, el Ministerio de Trabajo avaló una asamblea de trabajadores celebrada el 15 de enero último en la que se eligió una nueva junta directiva, y que no fue convocada por el sindicato.
En esa asamblea, 687 de los cerca de 1.000 empleados de Japdeva votaron a favor de la concesión portuaria que impulsa el Ejecutivo, pero a la cual el sindicato anterior era férreo opositor.
Chinchilla aseguró hoy en conferencia de prensa que no van "a echar para atrás en los esfuerzos de modernización de los puertos de Limón", por donde se mueve el 85% del comercio internacional del país y cuya eficiencia ha sido cuestionada por años por los sectores productivos y exportadores.
Dijo que dialogará con el sindicato cuando esté reintegrado, pues el diálogo es una "filosofía" de su Gobierno y es la "única herramienta" para buscar acuerdos.
Sobre la concesión, dijo que "hay un proceso en marcha que recoge la aspiración de un sector muy amplio de trabajadores de Japdeva y de la población costarricense" y cuyo cartel de licitación ya estaba en proceso de recibir ofertas.
La mandataria se reunirá con sus ministros de Trabajo, Sandra Pizsk; de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, y de la Presidencia, Marco Vargas, para analizar las acciones a seguir.
"Vamos a respetar lo que haya que respetar desde el punto de vista de los procedimientos que la Sala esté cuestionando (...) no es la primera vez que cuestiona por la forma algunas decisiones del Ejecutivo", comentó la mandataria.
La junta directiva sindical que se estableció en enero pasado, afín al Gobierno de Arias, estaba de acuerdo en la concesión de los puertos a cambio de una indemnización de 137 millones de dólares que el Estado se comprometió a pagar.
Para modernizar los puertos de Limón, el Gobierno calcula que son necesarios 800 millones de dólares, una cifra que asegura es imposible invertir con recursos públicos.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), el principal sindicato del país, celebró en un boletín lo que considera un "fallo histórico" de la Sala Constitucional y pidió la destitución de los ministros Jiménez y Vargas, quienes en el Gobierno de Arias fueron actores principales de estos hechos como presidente de Japdeva y ministro de Coordinación Interinstitucional, respectivamente.
