El Gobierno uruguayo pondrá en marcha una serie de medidas y acuerdos con industriales para reducir tarifas públicas y el precio de alimentos como forma de mitigar la presión inflacionaria de las últimas semanas, anunció hoy el ministro de Economía y Finanzas, Álvaro García.
Uruguay sufre en la actualidad una de las peores sequías en ocho décadas y como consecuencia de ellas aumentaron de manera importante los precios de la carne, las frutas y las verduras.
García anunció, en una conferencia de prensa, cuatro grupos de medias.
Uno referido a las tarifas públicas, difiriendo para el mes de febrero un aumento del 2,3 por ciento en el precio de la energía eléctrica y del 8 por ciento en el agua potable.
Además, dijo que seguramente en el mes de febrero se volverá a corregir a la baja, por sexta vez consecutiva, el precio de los combustibles debido a la caída internacional del precio del petróleo, que Uruguay importa en su totalidad.
El ministro de Economía y Finanzas, dijo que el Gobierno subsidiará el pago de la cuota de mutualistas a unas 600.000 personas de bajos recursos y durante seis meses.
García destacó que el Gobierno facilitará los trámites para la importación de frutas y verduras, para intentar mitigar el incremento de los precios.
Además, anunció que por 120 día se le quitará el IVA a las frutas y verduras con el mismo objetivo.
El ministro destacó que llegó a un acuerdo con los frigoríficos (mataderos) para una rebaja del 5 por ciento en el precio de la carne, pero que llega al 20 por ciento en algunas de las pulpas más caras.
La carne es el principal alimento de los uruguayos y, además, el producto más importante de exportación del país.
El ganado uruguayo está sufriendo la falta de pastos y agua por la sequía, ya han muerto algunos animales y el Gobierno impulsó la importación de alimento para los animales desde Argentina.
El ministro destacó, además, el "importante aporte" del sector privado para colaborar en la lucha contra la inflación, y dijo que se acordó con los grandes supermercados del país una reducción del 10 por ciento en el precio de 110 productos, la mitad de ellos considerados básicos para el consumo familiar.
