El Gobierno uruguayo "no considera una amenaza" la carta de militares retirados que cuestionó su accionar en el tema de los derechos humanos y ratificó hoy que en los próximos días se reanudarán las excavaciones en la búsqueda de restos de detenidos-desaparecidos durante la dictadura (1973-1985).
La Administración del presidente José Mujica "sigue con atención las declaraciones de cualquier grupo organizado, porque es parte de la tarea del Gobierno", afirmó el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia.
Sin embargo, "no consideramos que la carta de los militares retirados sea una amenaza", afirmó.
Además, el Poder Ejecutivo "tiene absoluta confianza" en el Poder Judicial "y la presencia del presidente Mujica en el cambio de autoridades de la Suprema Corte de Justicia "ratifica esa posición", agregó.
Mujica, de 75 años y ex líder guerrillero, estuvo preso en duras condiciones antes y durante la dictadura.
El secretario de la Presidencia ratificó que a mediados de febrero se retomarán las excavaciones en el Batallón 14 del Ejército en la búsqueda de restos de detenidos-desaparecidos durante la dictadura.
Breccia se refirió, además, a declaraciones del coronel retirado Gilberto Vázquez, preso por violaciones a los derechos humanos, a las que calificó como una "operación de distracción".
Vázquez admitió en un reciente reportaje que durante la dictadura se aplicó la tortura y se dispuso la desaparición de presos políticos.
Integrantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos acusaron a Vázquez de ocultar información y querer evadir responsabilidades.
Un grupo de 120 militares retirados, la mayoría del Ejército, pero también de la Armada y la Fuerza Aérea, creó recientemente el Foro de Unidad y Concordia que tiene entre sus objetivos respaldar a sus camaradas que enfrentan procesos por violaciones a los derechos humanos.
En una nota enviada a los comandantes de las tres Armas, el Foro afirma que "como es notorio la cuestión de los derechos humanos no sólo no ha logrado ser superada sino que, se advierte, ha pasado a etapas superiores de profundización en el hostigamiento a integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales".
"Lejos y olvidadas han quedado aquellas manifestaciones de jerarcas de Gobierno referidas a dejar atrás el pasado, descargar las 'pesadas mochilas' o liberar a los 'viejos presos'", agrega la carta, en referencia a dichos del presidente Mujica poco después de asumir, el 1 de marzo pasado.
"Ahora entendemos, tarde y con dolor, que sólo fue una más de las "chicanas dialécticas" destinada a generar confianza y gobernabilidad al inicio del período", agrega la nota enviada por los militares retirados a los jefes de las FF.AA.
El Foro Unidad y Concordia se refirió también al Poder Judicial y afirmó que algunos militares "vivieron y vivirán penosas situaciones de hostigamiento social y son víctimas del afán incriminatorio por parte de algunos jueces y fiscales".
Leslie Van Rompaey, que asumió en la jornada como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, no quiso polemizar con los militares retirados y, en referencia al tema de los derechos humanos, destaco en declaraciones a Efe que "la Justicia es independiente y actúa según lo ordena la Constitución y las leyes".
En la noche del lunes, un centenar y medio de personas, entre ellas Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman e hija de María Claudia García de Gelman, detenida-desaparecida durante la dictadura, realizaron un "caceroleo" (golpes de cacerola) en una plaza del centro de Montevideo para repudiar las declaraciones de los militares y exigir el procesamiento de todos los involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Tras reiniciarse hoy la actividad en los juzgados uruguayos luego de las vacaciones de verano, se espera que en los próximos meses deban comparecer unos 30 militares retirados acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
