La Asamblea Nacional venezolana aprobó esta madrugada una ley que permite al Estado apropiarse de terrenos urbanos improductivos para desarrollar programas sociales de vivienda, y que además regula los asentamientos populares.
Con urgencia reglamentaria y por unanimidad, el pleno de la cámara venezolana, de mayoría oficialista, aprobó la Ley Especial de Tierras Urbanas, basada en la premisa de la "función social de la propiedad urbana", informó hoy la estatal Agencia Bolivariana de Noticias.
El texto legislativo, según la agencia estatal, señala que la tenencia de la tierra improductiva que, expresa, se manifiesta a través de grandes monopolios inmobiliarios, son "rémoras de una sociedad rentista contrapuesta a los objetivos de inclusión social y productividad".
De esta forma, la ley establece que el Estado se podrá apropiar de aquellas tierras urbanas sin uso ubicadas en áreas centrales de las ciudades y en los municipios, donde establecerán programas sociales de viviendas para garantizar "el derecho a la vivienda digna en las zonas urbanas".
Asimismo, regula los asentamientos urbanos populares (también llamados "ranchos") donde los ciudadanos de menores recursos han ido construyendo sus viviendas sin disponer de la propiedad de la tierra.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, estableció recientemente un nuevo programa de viviendas bautizado "Barrio Nuevo" con el que, dijo, su Gobierno pretende sustituir las casas precarias por otras dignas para "que no exista un rancho más en Venezuela".
El Estado, que contará además con prioridad en la adquisición de terrenos, se reserva en la ley el derecho a enajenar a sus propietarios aquellas parcelas en las cuales las construcciones se encuentren en ruinas, con fallas de construcción, deterioradas o deshabitadas, para desalojarlas y demolerlas.
En cuanto a las tierras que se encuentren en trámites judiciales, no podrán ser declaradas sin uso hasta que el tribunal se pronuncie, si bien podrán ser ocupadas temporalmente.
Según la ley, las únicas tierras que quedan excluidas de estas medidas son aquellas en las que existan proyectos educativos, asistenciales o de recreo.
