El comandante en jefe de la Fuerza Aérea uruguaya, Enrique Bonelli, dijo hoy que el actual Gobierno de izquierda sabía que fue copiloto en uno de los "vuelos de la muerte" que trasladaron a Uruguay desde Argentina secuestrados políticos en tiempos de la dictadura.
En una entrevista con radio El Espectador, Bonelli aseguró que le hizo esa confesión en 2005 al actual ministro de Exteriores, Gonzalo Fernández, cuando este era secretario de la Presidencia, tras ganar las elecciones de 2004 en Uruguay la coalición de izquierdas Frente Amplio.
Bonelli, quien ya había revelado anteriormente su participación en 1976 en uno de esos "vuelos de la muerte", explicó a la cadena de radio que entonces creyó que había salvado la vida de los prisioneros que ayudó a trasladar en ese primer transporte de disidentes uruguayos detenidos en Argentina.
Esos "vuelos de la muerte" formaron parte de los acuerdos secretos alcanzados por los Gobiernos del Cono Sur dirigidos en los años setenta y ochenta por dictaduras militares para eliminar a sus opositores políticos, dentro de la llamada Operación Cóndor.
La dictadura uruguaya (1973-1985) formó parte de este entramado, convertido en uno de los principales instrumentos de represión de los regímenes dictatoriales de la región.
A la pregunta de si había hablado al respecto también con el actual presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, el comandante militar indicó que no recordaba si lo había hecho, aunque subrayó que había dialogado con el líder del Frente Amplio "de todos los temas".
Añadió que desde su Jefatura, que había comenzado con el anterior Gobierno del Partido Colorado, antes de la victoria electoral de la coalición de izquierdas, siempre intentó colaborar en el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura.
Bonelli tiene previsto traspasar dentro de unos días su cargo al frente de la Fuerza Aérea al comandante José Bonilla.
En Uruguay está vigente la llamada Ley de Caducidad, que impide juzgar (salvo contadas excepciones) a militares y policías que participaron en la represión ocurrida en tiempos de la dictadura y que derivó en la flagrante violación de los derechos humanos en este país.
La llamada Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad ha reunido ya más de 200.000 firmas, de las 251.847 necesarias (10 por ciento del censo electoral) para demandar un referendo destinado a derogar esa normativa.
La coordinadora tiene tiempo hasta el próximo 24 de abril para reunir esas firmas y convocar así la consulta popular, que se celebraría en coincidencia con las elecciones nacionales convocadas para el próximo 25 de octubre en Uruguay.
Numerosos ministros y dirigentes del Frente Amplio han suscrito ya públicamente esta campaña.
