Los querellantes en el juicio que se le sigue al ex marino Alfredo Astiz y a otros 18 represores por delitos cometidos en la dictadura argentina cuestionaron hoy que cuatro de los acusados conserven el beneficio de prisión domiciliaria.
El planteamiento de la parte querellante se produjo al reanudarse hoy el juicio en los tribunales federales de Buenos Aires, donde 15 de los 19 represores acusados se sentaron en el banquillo, mientras los cuatro restantes no se presentaron en la sala de audiencias.
"Están acusados de los peores delitos cometidos en la historia argentina y deben ser tratados de acuerdo con su peligrosidad", sostuvo Myriam Bregman, uno de los letrados querellantes, al advertir sobre la prisión domiciliaria de la que gozan cuatro acusados, entre quienes no figura Astiz.
Los beneficiados por las leyes argentinas, que permiten conceder la prisión domiciliaria a los mayores de 70 años, son los acusados Manuel Jacinto García Tallada, Julio Coronel, Ernesto Weber y Oscar Montes.
En tanto, un quinto acusado, Juan Antonio Azic, salió de la cárcel para ser internado en el hospital de la prisión bonaerense de Ezeiza por un intento de suicidio.
"No decimos que deban estar descuidados, sino en unidades penales con hospitales o comodidades para su tratamiento", indicó Bregman.
Durante la quinta jornada del juicio, el Tribunal Oral Federal 5 continuó con la lectura de las acusaciones por al menos 85 delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), la mayor cárcel clandestina de la última dictadura militar (1976-1983), por la que pasaron unas 5.000 personas.
Al ingresar a la sala, varios de los acusados, entre ellos Astiz, saludaron enfáticamente a un grupo de familiares y militares retirados que acudieron a la audiencia.
El proceso oral comenzó el pasado 11 de diciembre con Astiz y el resto de los acusados sentados en el banquillo por los asesinatos de las fundadoras de las Madres Plaza de Mayo Esther Ballestrino de Careaga, Azucena Villaflor y María Ponce, así como los del periodista Rodolfo Walsh y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, entre otros.
Además de los represores mencionados, son juzgados los antiguos marinos Jorge "Tigre" Acosta, Carlos Capdevilla, Adolfo Donda, Pablo García Velasco, Alberto González Menotti, Antonio Pernías, Jorge Radice y Juan Carlos Rolón.
También Néstor Savio, Raúl Scheller, Juan Fotea, Carlos Generoso y Ricardo Miguel Cavallo, extraditado desde España en 2008.
Quedó librado del proceso por "insania mental" el ex almirante Emilio Massera, quien integró junto al teniente general Jorge Videla y al brigadier Ramón Agosti la Junta Militar que perpetró el golpe de Estado en 1976.
Instruida por el juez Sergio Torres, la de la ESMA es una de las "megacausas" que se reabrieron en Argentina tras la derogación parlamentaria en 2003 de las "leyes del perdón", que libraron de responsabilidad a más de un millar de represores y que en 2005 también fueron declaradas nulas por la Corte Suprema.
El juicio continuará el próximo 27 de enero, cuando se espera que el tribunal finalice con la lectura de las acusaciones, mientras que en febrero los 19 acusados deberán declarar en el estrado.
Unas 18.000 personas desaparecieron en Argentina durante la última dictadura, según cifras oficiales, aunque los organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.
