La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras designó hoy a uno de sus magistrados, Oscar Chinchilla, como juez natural para que lleve los procesos por presunta corrupción incoados contra el expresidente Manuel Zelaya.
Chinchilla fue nombrado durante la reunión semanal de la CSJ, dirigida por su presidente, Jorge Rivera, informó a Efe un portavoz de esa institución, que no precisó cómo fue la votación, aunque según medios locales fue por unanimidad de los otros 14 magistrados.
Explicó que, de acuerdo con la legislación hondureña, Chinchilla tiene tres días para notificar a las partes su designación, con el fin de posteriormente se vayan desarrollando las distintas etapas de los procesos.
La CSJ también designó una Corte de Apelaciones especial, integrada por otros tres de sus magistrados, Marco Vinicio Zúniga, Gustavo Bustillo y Rosa de Lourdes Paz, para el caso de que se presente algún recurso por la designación de Chinchilla y sus actuaciones.
Un juez natural de la CSJ debe llevar los casos de Zelaya en vista de su investidura de diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), del que forma parte desde el 17 de septiembre de 2010 en su condición de expresidente de Honduras.
En principio, los casos de Zelaya estaban en manos del juez Claudio Aguilar, de un tribunal penal de Tegucigalpa, que el 7 de enero pasado se inhibió de conocerlos precisamente porque correspondían a la CSJ.
El 3 de febrero una Corte de Apelaciones ratificó la resolución de Aguilar al fallar sobre un recurso de apelación que la Procuraduría General de la República (PGR, oficina legal del Estado) había presentado contra la decisión del juez de primera instancia.
La PGR argumentaba que si Aguilar se consideraba incompetente para conocer los procesos abiertos a Zelaya, se hubiera inhibido desde un principio y, por tanto, no tenía que haber nombrado los defensores del ex presidente, lo que hizo a solicitud de esa misma institución en diciembre pasado.
La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público incoó en 2009 los procesos a Zelaya, derrocado ese año por un golpe de Estado y quien reside desde 2010 en la República Dominicana.
A raíz de los dos procesos, Zelaya tiene pendientes sendas órdenes de captura por los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la fe pública y la administración pública.
Según la Fiscalía, Zelaya cometió esos delitos al contratar publicidad ilegalmente y desviar fondos públicos para la campaña de una consulta popular que iba a celebrarse el 28 de junio de 2009, día en que fue derrocado, con el fin de instalar una Asamblea Constituyente.
La procuradora general, Ethel Deras, argumentó en diciembre que la PGR pidió el nombramiento de los defensores de Zelaya porque éste no los designó y era necesario reactivar los procesos pues estaban paralizados desde que el Ministerio Público los presentó.
El ex gobernante viajó a la República Dominicana el 27 de enero de 2010, cuando puso fin a un encierro de varios meses en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se refugió tras volver clandestinamente a Honduras luego de que los militares lo derrocaran y expulsaran hacia Costa Rica.
