El ministro de Derechos Humanos de Brasil defiende que la Comisión de la Verdad no va contra los militares


El ministro de la Secretaría Especial de Derechos Humanos de Brasil, Paulo Vannuchi, defendió que la creación de una "Comisión de la Verdad" sobre crímenes de la dictadura militar (1964-1985) no es una revancha contra las Fuerzas Armadas.


"Crear una Comisión de la Verdad va a favor de las Fuerzas Armadas (...). No hay ningún sentido revanchista", dijo Vannuchi, en entrevista con la estatal Agencia Brasil.


La comisión, prevista en el recientemente publicado Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH), supuestamente provocó una crisis con los militares y que presentaran sus renuncias el ministro de Defensa, Nelson Jobim, y la cúpula de las Fuerzas Armadas, según los medios.


El pasado miércoles, el ministro de Justicia, Tarso Genro, desmintió que Jobim y la cúpula militar hubieran presentado su dimisión, pero reconoció que el PNDH generó convergencias aunque en ningún caso "irresolubles".


Vannuchi, que insistió en que el PNDH no prevé la derogación de la Ley de Amnistía, quiso diferenciar entre los militares "dedicados a la patria y al servicio público", y los presuntos responsables de torturas y desapariciones de opositores durante la dictadura.


"Es necesario terminar un proceso sin revanchismo, sin retorno al pasado y de manos tendidas para la reconciliación nacional", agregó el ministro, al tiempo que aclaró que, eso, "no puede representar encubrir" los crímenes de lesa humanidad.

 

Sin embargo, la creación de la comisión molestó a los militares, que la interpretan como una iniciativa para intentar derogar la Ley de Amnistía que permitió el restablecimiento de un régimen democrático a Brasil.


La amnistía favoreció tanto a militares acusados de violaciones de los Derechos Humanos durante el régimen como a activistas que combatieron a las autoridades dictatoriales.


El PNDH no menciona la derogación de la Ley de Amnistía pero recuerda que la máxima instancia judicial del país analiza una demanda que pide privar del beneficio a "agentes públicos responsables de torturas, homicidio, desaparición forzada, abuso de autoridad, lesiones corporales y violaciones de opositores".

 


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101 años de Panamá América

 
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