El ministro peruano del Interior, Octavio Salazar, pidió hoy que la justicia de su país mida "con la misma vara" a todos los implicados en el caso Bagua, provincia donde el 5 de junio pasado murieron 24 policías y 10 civiles durante una protesta de las comunidades indígenas amazónicas.
"No solo podemos ver a la institución policial como la culpable de todo un tema (...) ha habido una serie de situaciones y provocaciones de uno y otro lado", dijo Salazar, en declaraciones citadas por la agencia estatal Andina, al afirmar que las fuerzas del orden son respetuosas de la justicia y el Estado de derecho.
Salazar respondió así a la denuncia penal que ayer la Primera Fiscalía Mixta de Utcubamba, en la región de Amazonas (donde se encuentra Bagua), realizó contra dos generales de la policía acusados de ser responsables de los sucesos ocurridos en esa provincia.
La denuncia fiscal contra los generales Luis Muguruza, ex jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, y Javier Uribe, así como a otros cuatro agentes que participaron en el operativo, fue formulada por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en agravio de varios nativos.
Tras varios meses de huelga y cortes de carreteras realizados por indígenas peruanos en protesta por una serie de leyes que consideraban lesivas a sus derechos, la policía realizó el 5 de junio un operativo para reabrir una vía terrestre bloqueada por los nativos.
En estos enfrentamientos murieron 12 policías y diez civiles.
Después, al enterarse de los hechos en la carretera, los indígenas que habían tomado una estación petrolera en la provincia aledaña de Imaza retuvieron a 38 policías, 12 de los cuales fueron asesinados en aparente represalia.
Por otro lado, varias organizaciones de derechos humanos denunciaron hoy en rueda de prensa en Lima una serie de supuestas irregularidades y omisiones durante las investigaciones realizadas por la fiscalía peruana.
Entre estas, destacaron el hecho de que 96 nativos y mestizos civiles enfrentan denuncias penales sin existir pruebas incriminatorias.
También expresaron su malestar porque el entonces primer ministro peruano, Yehude Simon, y la titular del Interior, Mercedes Cabanillas, no han declarado ante la justicia.
"Exigimos objetividad, transparencia y celeridad en los procesos para que las muertes no queden impunes", señaló el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Ronald Gamarra.
Para ello, las organizaciones de derechos humanos informaron que pidieron ampliar en ocho meses las investigaciones sobre los sucesos de Bagua para que "se profundicen las investigaciones y se excluyan del proceso a quienes no tienen responsabilidad", señaló el abogado de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), Gustavo Campos.
También se denunció que los nativos procesados no cuentan con traductores oficiales para que puedan asumir su defensa en su idioma de origen y que los juzgados que ven sus procesos no son especializados y, por lo tanto, tienen debilidades para impartir justicia.
Los 96 civiles son acusados de delitos como homicidio, secuestro agravado, disturbios, asociación ilícita, sedición, disturbios, actos antisociales, lesiones graves, instigación y daños a las entidades públicas.
