El ministro salvadoreño de Defensa, el general David Munguía Payés, propondrá al presidente Mauricio Funes que evalué decretar medidas especiales, que podrían incluir un "estado de excepción", en las zonas más azotadas por la delincuencia, informó hoy la prensa local.
"Pensamos que deberíamos discutir con voluntad y con determinación cuáles otros instrumentos de excepción pudiéramos utilizar para ser más efectivos en el área donde estamos operando", declaró el ministro a El Diario de Hoy.
Explicó que luego de que unos 2.500 soldados se integraran desde noviembre pasado a las patrullas que desarrolla la Policía Nacional Civil (PNC), han podido determinar que existen zonas donde los derechos de la población son violentados por los delincuentes.
Según el rotativo, en ciertas zonas del país los delincuentes les imponen "a las personas honestas horas de entrada y salida en colonias, pago de 'renta' (extorsión) y 'peaje' por circular".
"Este tipo de cosas están sucediendo y si la delincuencia las está haciendo (...) ¿Por qué el Estado no puede hacer uso de algunos instrumentos que pueda neutralizar ese accionar?", se preguntó Munguía Payés.
El ministro dijo que se debe considerar la posibilidad de decretar "estado de excepción" en las zonas más violentas y asediadas por las pandillas y otras organizaciones criminales.
Munguía Payés, en otras declaraciones difundidas hoy por el rotativo La Prensa Gráfica, indicó que la figura legal de régimen de excepción, definido en los artículos 29, 30 y 31 de la Constitución, ya ha sido mencionada en reuniones con diputados, aunque todavía no ha sido propuesta a Funes.
"Queremos analizar aún bien las excepciones que solicitaríamos al presidente", detalló el ministro.
La versión periodística señaló que entre las medidas que pueden llegar a proponer están el toque de queda, el cierre a tempranas horas de "lugares de dudosa reputación" y la posibilidad de aprobar intervenciones y registros de viviendas sin orden judicial.
El Salvador, que tiene 6,1 millones de habitantes en poco más de 20.000 kilómetros cuadrados, cerró 2009 con un total de 4.365 asesinatos, la cifra más alta registrada en los años siguientes a la guerra civil (1980-1992).
Según la Constitución salvadoreña, el "régimen de excepción" puede ser aprobado por decreto del órgano Legislativo o del Ejecutivo "en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público".
