El proyecto de ley para eliminar la norma que evitó juzgar los crímenes cometidos por uniformados durante la dictadura uruguaya (1973-1985) sigue abriendo divisiones en el seno del oficialista Frente Amplio (FA) al iniciarse hoy en el Senado el análisis de esta iniciativa.
El proyecto, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, prosiguió su trámite parlamentario en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara alta, donde los legisladores escucharon la opinión de varios expertos constitucionalistas sobre la norma.
Tras la reunión, quedó patente que la unidad del partido del Gobierno en este asunto aún sigue muy lejos de lograrse.
Para el senador y ex guerrillero tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, el proyecto presentado por su bancada para hacer inaplicable la norma es "inconstitucional", una postura que a su juicio quedó también reconocida por los expertos consultados por la cámara.
"Es un texto dudoso, porque es inconstitucional y no conduce hacia donde sus autores quieren ir", dijo a Efe el veterano político, una de las figuras más importantes en el seno de la formación.
Según Fernández, las "imperfecciones de la propuesta" son tales que "la gente que está ilusionada pensando en que con ella se lograrán unos efectos determinados" se llevará un enorme chasco cuando la Corte Suprema diga que es "inconstitucional e inaplicable".
El FA propuso una ley para dejar sin efecto la Ley de Caducidad, pese a que esta fue aprobada por la ciudadanía en dos comicios en 1989 y en 2009, lo que supuso un golpe muy duro para las organizaciones de defensa de los derechos humanos y sindicatos, los principales detractores de la medida.
La iniciativa que ahora se debate pretende que los tribunales uruguayos consideren protegidas por la Constitución todas las normas internacionales de defensa de los derechos humanos suscritas por el país, para que la Ley de Caducidad sea declarada inconstitucional de forma automática y por lo tanto hacerla inaplicable.
Lo que en un principio parecía que iba a ser un trámite tranquilo en el Parlamento, donde el FA goza de mayoría en ambas cámaras, se convirtió en una crisis interna cuando varios senadores se manifestaron en contra del proyecto y anunciaron su voto en contra.
La polémica llevó, incluso, a intervenir al presidente José Mujica, quien anunció que "no se inmiscuirá" en ese debate y que "acatará" cualquier decisión que tomen sus compañeros.
Además, Mujica señaló que su Ejecutivo no impulsó la iniciativa, que, según él, deberá resolverse en el Parlamento.
"No hubo un problema de comunicación interna, sí hubo compañeros que creyeron que redactaron un texto perfecto, y cuando lo vimos descubrimos que estaba lleno de imperfecciones, eso es un tiro en contra", añadió el senador.
Sin embargo, para el senador Rafael Michelini, hijo de un político asesinado por la dictadura y uno de los principales impulsores del proyecto, desestimó esa posición y afirmó que seguirá trabajando en ese proyecto con la confianza de que "el producto final tenga la mayoría".
"Espero conseguir los votos, espero que sobre el tema de la justicia estemos todos a favor", añadió el político.
Otro de los senadores que participaron en la Comisión, el nacionalista Eber Da Rosa, también subrayó los problemas de constitucionalidad que presenta el proyecto y afirmó que "generará más problemas o problemas diferentes" si es aprobada, "más allá de las intenciones de sus creadores".
Da Rosa, cuyo bloque votará en contra de la norma, consideró que de momento, los legisladores del FA que participaron en el debate están siendo "muy objetivos y muy técnicos" y señaló que "probablemente las grandes polémicas llegarán en los debates finales", que se producirán en los primeros meses del año que viene, dijo.
Una reciente encuesta apuntó que un 48 por ciento de los uruguayos rechaza el proyecto contra la Ley de Caducidad y un 31 por ciento está de acuerdo con él, mientras un 21 por ciento no se pronuncia ni a favor ni en contra.
