El Senado y la Cámara de Diputados de Paraguay resolvieron hoy en una sesión conjunta rechazar y repudiar la reposición en sus cargos por parte del Supremo de dos miembros de ese tribunal que habían sido destituidos en juicios políticos, lo que generó una crisis entre el Legislativo y el Poder Judicial.
La determinación fue adoptada en una sesión extraordinaria convocada por la Comisión Permanente del Congreso que se encarga de los asuntos parlamentarios durante el receso legislativo, iniciado el 21 de diciembre y que concluirá en marzo próximo.
Los congresistas advirtieron en su resolución al Tribunal Supremo, al Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Poder Ejecutivo de que incurrir en ese tipo de fallos podría ser causal de eventuales juicios políticos.
El presidente del Congreso, el senador Miguel Carrizosa, expresó que la determinación del Legislativo "es un mensaje claro para aquellos que están intentando desviar la democracia hacia lugares donde no corresponde".
Los legisladores también exhortaron al Poder Judicial a corregir el fallo dictado el miércoles pasado por la Sala Constitucional, que admitió las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los ex magistrados Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea contra sendos juicios políticos que derivaron en su destitución, a fines de 2003.
Además, ese cuerpo colegiado, integrado por los jueces de segunda instancia Francisco Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Almada, resolvió que Ríos y Fernández Gadea, relevados en la anterior legislatura, ocupen los cargos vacantes tras el alejamiento de Wildo Rienzi y José Altamirano, en julio de 2007 y agosto de 2009, respectivamente.
El Congreso también determinó remitir a la Fiscalía los antecedentes del fallo de esos tres jueces que sustituyeron a los titulares de la Sala Constitucional debido a inhibiciones y anunciaron que denunciarán el hecho ante organismos internacionales.
El fallo judicial, que fue calificado como un "golpe jurídico" por varios referentes del Legislativo, también emplazó al Consejo de la Magistratura para que suspenda el proceso de selección que realiza para cubrir esos dos lugares vacantes en el Supremo, de nueve miembros.
Momentos antes de iniciarse la sesión, el presidente paraguayo, Fernando Lugo, repudió el fallo judicial y deslindó todo tipo de responsabilidad del Ejecutivo en el hecho, como lo habían denunciado algunos de sus detractores, que también buscan promover un juicio político en su contra por presunto mal desempeño en sus funciones.
Al respecto, el senador Juan Carlos Galaverna, del opositor Partido Colorado, consideró que "es muy clara la posición (del Congreso), de decirle a Lugo: déjate de joder con tus intenciones de copar el poder de la República".
Galaverna aseveró además que los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que convocaron a una sesión extraordinaria para el próximo martes para analizar el tema, "están claramente advertidos" sobre la situación.
"No creo que ninguno de ellos (de los magistrados del Supremo) tengan la salvaje temeridad para complicarse con esto", aseguró el legislador.
Lugo también indicó que ha encargado a los asesores legales de la Presidencia la presentación de "las acciones destinadas a la protección de las atribuciones del Ejecutivo".
"Respeto y haré respetar dentro de mis competencias, y sin concesión de naturaleza alguna, la vigencia de la Constitución y las leyes que integran el orden jurídico", añadió el mandatario.
La Corte dictaminó en el caso con magistrados sustitutos tras la inhibición de sus tres miembros natos, que, sin embargo, integraron la Sala para ordenar la inamovilidad de uno de sus miembros y la de un ministro del tribunal electoral en otros fallos no menos controvertidos.
