La Asamblea Legislativa aprobó hoy una declaración de rechazo no vinculante a un decreto emitido por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que prorroga en sus cargos a autoridades del Estado cuyo mandato expira este año.
Esa resolución de rechazo, que pasó con 52 votos a favor y 39 en contra, fue aprobada en el reinicio de las sesiones plenarias tras un mes de parálisis por la protesta de la oposición ante ese decreto Ejecutivo, que consideran "inconstitucional".
El presidente Ortega ratificó y prorrogó en sus cargos, mediante decreto, el 9 de enero pasado, a 10 magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), cuatro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cinco fiscalizadores de cuentas y otros importantes cargos cuyo mandato finaliza este año, pese a que esa facultad corresponde al Congreso.
El primer secretario de la Asamblea Nacional, el liberal opositor Wilfredo Navarro, dijo ante el pleno que esa declaración de rechazo es un "complemento" a una resolución aprobada el 12 de enero pasado por la junta directiva parlamentaria, de siete miembros y dirigida por el sandinista René Núñez, que votó en contra.
En esa declaración de rechazo, los diputados expresaron además su preocupación "por las agresiones del presidente Ortega en contra de la democracia representativa en el Estado de Derecho" y enumeran las "repetidas violaciones directas e indirectas por parte del Ejecutivo a la Constitución".
Mencionaron un decreto Ejecutivo que validó los resultados de las elecciones municipales de noviembre de 2008, ganadas ampliamente por los sandinistas y consideradas "fraudulentas" por la oposición.
También un fallo dictado el 19 de octubre pasado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que allana el camino a la reelección de Ortega, al declarar inaplicable un artículo de la Constitución que impide la reelección presidencial continua y limita a dos el máximo de mandatos.
"El presidente Ortega ha quebrantado el principio de independencia de los poderes del Estado y la armonía que entre éstos debe existir, al emitir ese decreto que usurpa funciones amplias de la Asamblea Nacional", denuncian los diputados en la declaración.
Los legisladores opositores consideran que "estas acciones ilegales e ilegitimas del presidente Ortega sólo nos traen más pobreza e inseguridad, pues envenenan el clima político y el de inversión privada, y alejan de nuestro país la cooperación internacional".
En el Congreso aún permanece sin discutirse una iniciativa de ley, introducida por grupos opositores, para derogar el decreto con el que Ortega prorrogó en sus cargos a 25 importantes cargos públicos, cuyo mandato expira este año y para quienes el Parlamento aún no ha nombrado a sus sustitutos.
