El parque público tomado en el sur de Buenos Aires que fue epicentro en los últimos días de violentos incidentes en los que murieron tres inmigrantes amaneció hoy en paz tras la llegada de las fuerzas de seguridad, aunque el problema de fondo sigue sin resolverse.
Tras la ola de violencia desatada el martes pasado, cuando la policía intentó desalojar el parque Indoamericano, en el barrio de Villa Soldati, la calma retornó a este predio de unas cien hectáreas luego de que el Gobierno argentino se decidiera a enviar este sábado miembros de la Gendarmería (policía de frontera) y de la Prefectura (guardacostas).
La llegada de los efectivos de seguridad fue celebrada con aplausos por los vecinos de Soldati que se oponen a la usurpación del paseo público y por los mismos "okupas" que se sienten blanco de lo que identificaron como "bandas armadas" dispuestas a desalojarles a los tiros.
"Pasamos mal la noche por el frío, la lluvia y el barro", dijo una de las ocupantes del parque, quien, como el resto, afrontó las inclemencias del tiempo dentro de tiendas improvisadas con cartones, bolsas y maderas.
Gran parte del parque, que está rodeado de asentamientos precarios (chabolas) y urbanizaciones de vecinos de ingresos medios a bajos, ha sido dividido en parcelas con palos y sogas por las casi mil familias que se asentaron en el lugar y que prometen no dejarlo hasta que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires les dé viviendas.
De momento, al lugar han llegado camiones cisterna con agua potable y baños químicos portátiles, mientras que los ocupantes se organizan para comer con "ollas populares".
El Ejecutivo de Argentina y el opositor que comanda la capital mantuvieron el sábado una reunión con representantes de los "okupas" en la que no se llegó a una solución de fondo para el problema.
El Gobierno de Cristina Fernández ofreció tierras, pero el alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, no se comprometió a financiar la construcción de viviendas.
El único resultado concreto de la reunión tripartita de este sábado fue la decisión del Gobierno nacional de enviar fuerzas de seguridad a la zona para su "pacificación", algo a lo que se había negado en días previos, incluso pese a una orden judicial en ese sentido.
El Gobierno nacional y el de Macri mantienen abiertas diferencias respecto del papel de la policía federal, que depende del primero y que Cristina Fernández se niega a utilizar para reprimir demandas sociales.
Mientras, la policía metropolitana, que depende de Buenos Aires, no tiene poder suficiente para actuar.
"En el Gobierno de Cristina Fernández no se reprime el conflicto social con riesgo de vida", ratificó hoy la designada ministra de Seguridad, Nilda Garré, que asumirá ese cargo el próximo miércoles.
Los efectivos enviados al parque no tienen órdenes de desalojarlo, sino de evitar que otras personas entren a tomar el lugar.
Incluso, "el ingreso y egreso de ocupantes está siendo controlado por la misma gente, ya que no permiten que entren personas que no sean las que ya estaban dentro del predio", dijo el portavoz de la Gendarmería, Pablo Lavenir.
Quienes ya ocupan el lugar serán censados para ser incluidos en las eventuales medidas que se tomarán para resolver el problema de fondo en nuevas reuniones convocadas para esta semana.
"En principio, lo próximo que se va a hacer es identificar (a los ocupantes) en términos cuantitativos, se van a hacer algunos censos y después sentarse a dialogar de una manera razonada", dijo hoy el el titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Miguel Abboud.
El funcionario reconoció que el Gobierno de la capital "no tiene viviendas en stock" para asignar a los ocupantes, tres de los cuales, dos bolivianos y un paraguayo, murieron durante los violentos incidentes de los últimos días, sin que aun se hayan identificado a los responsables de los crímenes.
Macri relacionó la ocupación del parque con la supuesta "inmigración descontrolada" en Argentina de la mano del "delito y el narcotráfico", lo que provocó quejas de parte de Bolivia y Paraguay y acusaciones de parte del Gobierno de Cristina Fernández hacia el alcalde por su supuesta xenofobia.
