El uruguayo Partido Nacional (oposición) anunció hoy la creación de un cuerpo policial militarizado, el aumento de los salarios policiales y la reforma de la imputabilidad para los menores si triunfa en las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre.
En una rueda de prensa realizada en el Palacio Legislativo de Montevideo, el candidato presidencial del tradicional partido "blanco", Luis Alberto Lacalle, y el candidato a vicepresidente Jorge Larrañaga expusieron sus propuestas en temas de seguridad si acceden al Gobierno en las próximas elecciones.
La inseguridad ciudadana, la delincuencia juvenil y el problema de la masificación de las cárceles es desde hace meses el foco de un debate político en Uruguay, donde la oposición critica la mano blanda y la falta de preparación del Gobierno del Frente Amplio para controlar la situación.
Lacalle afirmó que "el Partido Nacional tiene el propósito de devolverle a la población la seguridad", puesto que "ahora se vive una carencia de la misma que impide que la población pueda ejercer sus derechos".
Entre otras medidas, los dirigentes opositores indicaron que crearán un cuerpo policial, que derivará de la actual guardia nacional y que bajo el nombre de Guardia Nacional Republicana estará compuesto por unos dos mil militares que quedarán bajo la autoridad del Ministerio del Interior.
Este nuevo cuerpo tendrá jurisdicción nacional y tendrá entre otras competencias la participación en operativos especiales de prevención, disuasión y represión en aquellas zonas del país que registren mayores actividades delictivas, informaron los políticos.
En especial, este cuerpo policial trabajará en áreas como el combate al narcotráfico y la comercialización de drogas.
Asimismo, el Partido Nacional anunció que incrementará "sustancialmente" las remuneraciones de la policía, para lo que buscará que el presupuesto del Ministerio del Interior suba hasta el dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) frente al 1,13 actual.
Para gestionar este presupuesto, los "blancos" pondrán a un ministro que "se sienta cómodo en el cargo y haga cumplir la ley", dijo Lacalle, presidente de Uruguay entre 1990 y 1995.
Otra de las medidas, destinada a controlar la delincuencia juvenil, será la creación de un Instituto del Adolescente Infractor, que funcionará de forma independiente al sistema carcelario y dependerá del Ministerio de Desarrollo Social, que pasará a llamarse Ministerio de la Familia.
Lacalle afirmó que "si bien será un lugar diferente a una cárcel", los menores estarán recluidos, puesto que estarán cumpliendo "una pena".
En ese sentido, el programa nacionalista prevé una reforma de las leyes que permitan la computación de antecedentes penales para los menores delincuentes, y que habiliten la posibilidad de condenas de hasta diez años de reclusión para los menores de entre 16 y 18 años culpables de delitos de sangre.
Además, Lacalle también explicó que una de sus primeras medidas como presidente será la licitación de obras para la construcción de nuevas cárceles que terminen con el hacinamiento en las prisiones, cuya situación actual, según un informe de Naciones Unidas, constituye "una violación a los derechos humanos".
