La obligación de tener que tomar la decisión final sobre la extradición del ex activista italiano Césare Battisti le traerá "dificultades" al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró hoy el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes.
"Creo que la decisión del tribunal trajo más dificultades que facilidades para el presidente de la República", comentó en entrevista concedida al portal G1 el titular de la máxima corte de Justicia del país.
El STF aprobó el 18 de noviembre la extradición a Italia de Battisti y aclaró que la última palabra le cabe al presidente Lula, cuyo Gobierno ya le otorgó un polémico estatus de refugiado.
La decisión de la corte fue por una apretada mayoría, que primero derogó el refugio, luego se inclinó por la procedencia de la extradición, y finalmente por la tesis de que el tratado firmado por Brasil e Italia le otorga al jefe de Estado un "poder discrecional" en esos asuntos.
Mendes, cuyo voto determinó la extradición, señaló que "la decisión del tribunal de anular el refugio por si sola ya fue importante, como también fue importante la decisión del tribunal en relación a la concesión de la extradición".
"Creo que el propio pronunciamiento en cuanto a la no obligatoriedad de la extradición por parte del presidente de la República tiene un significado limitado", agregó.
El alto magistrado explicó que "el presidente no podrá dejar de extraditar con base en las mismas razones del refugio y tendrá dificultades, por ejemplo, de conceder asilo por razones semejantes. Entonces, es una cuestión política delicada que necesita ser considerada con mucha reflexión".
Por la concesión de ese refugio, en enero pasado el Gobierno de Italia manifestó un profundo malestar y llegó a retirar durante un mes a su embajador en Brasil, a modo de protesta.
Battisti, de 55 años y detenido en una cárcel en Brasilia en la que realizó una huelga de hambre, fue miembro del grupo Proletarios Armados por el Comunismo (PAC), un brazo de las Brigadas Rojas, la banda armada más activa durante la ola de violencia política que sacudió a Italia hace cuatro décadas.
En 1993, el ex activista fue juzgado en ausencia por un tribunal italiano que lo halló culpable de los asesinatos de dos policías, un joyero y un carnicero, cometidos entre 1977 y 1979.
Al momento de ser procesado estaba en Francia, donde había obtenido el estatus de refugiado político, pero huyó en 2004, cuando el Gobierno galo se disponía a revocar esa condición para entregarlo a Italia.
Fue capturado en marzo de 2007 en Río de Janeiro, donde según fuentes policiales, fue detectado en una operación conjunta hecha por agentes de Brasil, Italia y Francia.
La corte suprema estableció, al aprobar la extradición y a tenor del tratado firmado entre ambos países, que la pena de cadena perpetua aplicada a Battisti en Italia deberá ser reducida a 30 años, que es el máximo contemplado por las leyes brasileñas.
