El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Javier Velásquez, declaró hoy que no dialogará con los manifestantes que exigen la renuncia del presidente regional de Apurímac, que tienen paralizada la andina ciudad de Abancay, y anunció que tomará medidas para restablecer el orden.
"No es posible que un primer ministro se siente a dialogar con alguien que ha tomado un pueblo, y que pone como punto de la agenda, que admita la destitución de un presidente regional, esos temas no se pueden discutir, prefiero irme a mi casa antes de sentarme compulsivamente a negociar con quienes incurren en delito", dijo Velásquez en declaraciones recogidas por la agencia Andina.
Varias organizaciones civiles de Apurímac convocaron a un paro indefinido, desde hace 11 días, en rechazo a su presidente regional, David Salazar, por presuntamente haber beneficiado a su ciudad de origen, Andahuaylas, con un mayor reparto del presupuesto de 2010.
Las protestas llegaron ayer a un punto de alta tensión cuando la policía intentó dispersar a los manifestantes reunidos en Abancay, lanzando gases lacrimógenos, lo cual generó una estampida que dejó al menos 22 civiles y 17 policías heridos.
El Gobierno hará "todos los esfuerzos para restablecer los canales del diálogo, pero si no fuera así, todo el país va a entender que lo único que tenemos que hacer es utilizar las herramientas que nos da la Constitución y la ley para restablecer el orden en esa zona", agregó el primer ministro.
Velásquez puntualizó: "no nos va a temblar la mano de utilizar todas las herramientas que la Constitución y la ley nos permite".
Dijo que se ha reforzado la presencia de la policía en Abancay con más de 500 uniformados y rechazó las versiones de que los agentes incurrieron en un exceso al reprimir a los manifestantes, que intentaron tomar el local del gobierno regional.
El pasado martes, Salazar llegó a ser destituido de sus funciones mediante una asamblea realizada por organizaciones civiles, que nombró al vicepresidente regional, Willer Taipe, como nuevo presidente.
Sin embargo, la autoridad regional se negó a abandonar su puesto, denunció la ilegalidad del nombramiento de Taipe y regresó durante la noche del martes a la sede del Gobierno Regional para convocar el jueves último a una sesión del consejo para revisar el presupuesto.
