El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, calificó hoy de "escándalo internacional" la puesta en libertad de 23 militares acusados de reclutar y asesinar a jóvenes civiles, que después fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, en el caso conocido como "falsos positivos".
"Esto es un escándalo para nuestras instituciones, para la credibilidad internacional y ello implica una debilidad de nuestras instituciones y para la administración de justicia", señaló en una entrevista con la emisora La W Radio Ordóñez, cuya dependencia se encarga de controlar en Colombia el comportamiento de los funcionarios públicos.
El procurador se expresó así después de que en las últimas dos semanas 23 militares investigados por esos crímenes fueran puestos en libertad, los seis últimos ayer, por vencimiento de plazos.
Dos jueces de la localidad de Soacha, vecina a Bogotá y donde fueron reclutados un buen número de jóvenes, uno de ellos incluso con deficiencias mentales, establecieron que se habían superado los 90 días previstos en la Ley para que la Fiscalía llamara a los soldados a juicio en una vista oral.
"Hay que tomar decisiones para devolverle la credibilidad institucional a la Judicatura (...), es necesario reflexionar en aspectos lacerantes para la Justicia", insistió el procurador, al responsabilizar al Consejo General de la Judicatura de demorarse cuatro meses en determinar dónde serían juzgados los militares.
El procurador también expresó su inquietud porque en la audiencia que hoy se sigue en Soacha queden en libertad otro ocho militares por el mismo motivo, lo que elevaría a 31 el número de investigados por crímenes de lesa humanidad en la impunidad.
El escándalo de los "falsos positivos" saltó a la luz pública en octubre de 2008, lo que llevó al presidente Álvaro Uribe a destituir a tres generales y 24 oficiales y a la Justicia a iniciar investigaciones que un año y medio después parecen infructuosas.
La Fiscalía colombiana ha contabilizado 1.800 víctimas de los denominados "falsos positivos", que responden a una política de incentivos en el seno de las Fuerzas Militares por la que los mandos que presentan bajas de guerrilleros se benefician de permisos o ascensos.
El propio relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, reconoció tras una visita a Colombia que "el problema de los falsos positivos resultó una práctica sistemática en el seno del Ejército" colombiano.
