La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) afirmó hoy que el servicio militar obligatorio anunciado por el presidente de El Salvador "contraría" la Constitución y tratados internacionales, por lo que consideró que el Gobierno debe "reorientarlo con un enfoque civil".
El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, anunció el pasado 1 de junio en la conmemoración de sus dos años de Gobierno el proyecto de servicio militar obligatorio, que busca "integrar" a las filas castrenses "para su protección a 5.000 jóvenes en riesgo de ingresar a las pandillas".
Sin embargo, el titular de la PDDH, Oscar Luna dijo hoy en conferencia de prensa que dicha medida "contraría la Constitución de la República que establece la obligatoriedad de dicho servicio únicamente para las personas mayores de edad".
También indicó que va en contra de las obligaciones asumidas por el Estado de El Salvador en tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, debido a que esa obliga al "Estado a no reclutar forzosamente a menores de 18 años, así como elevar de 15 a 18 años para reclutamiento voluntario".
Además sostuvo que, de llevarse a cabo la disposición presidencial, se violentaría la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia de este país, que considera al "reclutamiento forzoso de niñas, niños y adolescentes para su utilización en conflictos armados como una forma de explotación".
Aunque Funes en reiteradas ocasiones ha dicho que el servicio militar será "sin armas" y que será para realizar tareas de protección civil en casos de emergencias naturales, Luna dijo que "el solo hecho de estar en un cuartel es de tipo militar".
Luna consideró que "ese dinero que van invertir en un proyecto que va a tener un enfoque militarista mejor deberían reorientarlo con un enfoque civil".
"Un proyecto de formación profesional y laboral, donde aprendan deportes, ejercicios, arte y también para que reciban instrucción y formación académica", lo cual se podría "impartir en un centro de desarrollo profesional". dijo Luna.
Advirtió que sería un "retroceso a las políticas públicas de El Salvador" si las autoridades insisten en aplicar el servicio militar obligatorio.
