El relator de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, alertó hoy de la ausencia de sensibilidad de la opinión pública latinoamericana en torno a la tortura y el maltrato, que afecta, sobre todo, a los sectores más vulnerables de la población.
"La tortura se aplica a sectores de la sociedad que han sido tradicionalmente olvidados, como los pobres o los grupos étnicos minoritarios, y es más difícil sensibilizar a la opinión pública contra eso", dijo Méndez a Efe.
"Cuando la tortura se practicaba a opositores políticos siempre había sectores que la podían amplificar para obtener la solidaridad general. Cuando se tortura en las cárceles o en las favelas, la gente cree que es inevitable", añadió.
El jurista argentino se encuentra en Chile para participar en una reunión organizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la que asisten representantes de varios Gobiernos de América Latina y el Caribe, expertos y actores de la sociedad civil.
En un momento de la historia en que ningún país de la región practica la tortura como política de Estado, Méndez considera que el gran desafío consiste en convencer a la opinión pública de que la tortura "no solamente no es inevitable, sino que su prevalencia nos hace pagar costos muy grandes a las sociedades".
"Hay mejores maneras de combatir el delito, el terrorismo y el crimen organizado", apuntó Méndez, que advirtió: "Si empezamos a tolerar la tortura aún sabiendo que es ilegal e inmoral, vamos por un camino que nos lleva a pagar grandes costos".
El relator de la ONU destacó que el proceso de democratización que ha atravesado la región en los últimos años ha contribuido a reducir los casos de tortura y malos tratos cometidos por agentes estatales.
Sin embargo, subrayó que "todos los países tienen en mayor o menor medida problemas con el cumplimiento de las obligaciones internacionales" en ese terreno.
Uno de los temas que más preocupa a las Naciones Unidas son los maltratos que se registran en las cárceles latinoamericanas y caribeñas.
Méndez explicó que el problema se agrava porque en los países de bajos recursos económicos "el ámbito carcelario siempre es una de las últimas prioridades" de los Gobiernos.
"Al mismo tiempo tienen mucha presión de la opinión pública para usar mano dura, y se crean leyes que impiden la libertad provisional o que aumentan las penas, lo que agrava los problemas de sobrepoblación y genera violaciones más graves", dijo el jurista argentino.
Para solventar esta situación, Méndez instó a los Gobiernos a asumir su responsabilidad y no limitarse a argumentar que en sus países no se cometen torturas.
América Latina y el Caribe, añadió Méndez, cuenta con la ventaja que le da una mayor "consciencia democrática", que "hace que en general los funcionarios sean más sensibles respecto al tema".
