El Salvador reafirmará en dos "declaraciones" sobre el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) que no aplicará la pena de muerte ni la retroactividad, para poder ratificar ese instrumento en el semestre próximo, informó hoy el canciller Hugo Martínez.
Aunque el Estatuto de Roma excluye la retroactividad y no obliga a aplicar la pena de muerte, prohibida en el país, El Salvador quiere reiterar por escrito que no recurrirá a esas medidas, debido a "preocupaciones" de sectores internos, explicó.
El funcionario dijo a la prensa, tras participar en un evento oficial, que "para el inicio del segundo semestre de este año" El Salvador estaría solicitando la "adhesión al Estatuto" de Roma, una vez que lo ratifique la Asamblea Legislativa.
El Salvador y Nicaragua son los únicos países de Centroamérica que no se han adherido al Estatuto de Roma de la CPI, después de que Guatemala lo hizo el pasado día 2.
Martínez explicó que "los equipos jurídicos" de la Casa Presidencial y la Cancillería están trabajando en "dos declaraciones" sobre la pena de muerte y la retroactividad, que son temas "sensitivos" para el país incluidos en el Estatuto, con el fin de dejar claro que no se aplicarán.
En la Constitución salvadoreña "no se contempla la pena de muerte, sino más bien se prohíbe, y por lo tanto, aunque el Estatuto de Roma es claro de que respeta la legislación de cada país, estamos trabajando una declaración del Estado de El Salvador" para dejar "bien claro que El Salvador por Constitución no puede aplicar esa pena máxima", agregó.
Señaló que la segunda declaración será en torno a la retroactividad, porque, aunque el Estatuto también es "claro" en este asunto, el Gobierno ha percibido "cierto nerviosismo (...) en algunos sectores a nivel nacional", que no identificó.
"El Estatuto establece claramente que no puede ser aplicado de carácter retroactivo, pero como hay algunos sectores salvadoreños que les preocupa eso", también se emitirá otra declaración para dejar establecido "que el Estado de El Salvador entiende el espíritu y la letra del Estatuto de Roma, que no puede ser aplicado de carácter retroactivo", enfatizó.
Martínez añadió que "una vez sean afinadas esas dos declaraciones" se procederá a la "adhesión" de El Salvador al Estatuto de Roma.
La Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes políticos cometidos durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), señaló en su informe en 2002 que en ese conflicto se perpetraron numerosos delitos de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos.
La CPI tiene como propósito ventilar casos de lesa humanidad como genocidio, tortura y terrorismo de Estado, entre otros, pero su aplicación no tiene carácter retroactivo, por lo que no se podrán juzgar casos del pasado en los países miembros.
En enero pasado Guatemala se convirtió en el país centroamericano que más recientemente ratificó el Estatuto de Roma de la CPI, cuyo instrumento de adhesión depositó en Naciones Unidas el 2 de abril.
