El Salvador y EE.UU. firmaron hoy un memorando de entendimiento para la instalación en el país de un centro de escuchas e intervención de telecomunicaciones, al que se destinarán cinco millones de dólares.
"Hoy comenzamos una nueva etapa en la lucha contra el crimen en El Salvador", afirmó la embajadora estadounidense en el país, Mari Carmen Aponte, tras suscribir el documento con el fiscal general, Romeo Barahona.
Aponte indicó que se ha previsto el aporte inicial de cinco millones de dólares, que incluye equipos, capacitación y asistencia técnica.
Desde este centro, cuya fecha de apertura aún no ha sido definida, se podrán intervenir no solo llamadas desde teléfonos celulares o fijos, sino correos electrónicos, mensajes de texto y todo lo que "permite la tecnología", destacó Barahona.
"La intervención de las telecomunicaciones es una técnica de investigación complementaria (...), que va a ser útil para esclarecer delitos de crimen organizado o delitos de delincuencia trasnacional", afirmó el fiscal general, quien aseguró que se podrá usar como prueba en los procesos penales.
Barahona resaltó la importancia de este centro, al explicar que durante el año pasado fueron denunciados en El Salvador 45 secuestros en los que "se tuvo el uso de un teléfono para cometer ese ilícito grave".
"Además en el delito de extorsiones tuvimos 3.000 casos y de los 3.000 casos, en el 70 por ciento fue utilizado un teléfono celular", agregó.
Este centro se financiará tras suscribirse una enmienda a la Carta de Acuerdo sobre la Iniciativa Mérida/CARSI (Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica).
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en febrero de 2010 una ley especial para la intervención de las telecomunicaciones, la cual prevé que "de manera excepcional podrá autorizarse judicialmente de forma escrita y motivada la intervención temporal de cualquier tipo de telecomunicaciones".
Según la norma, el fiscal general será la "única autoridad facultada" para autorizar la intervención de "cualquier tipo de transmisión, emisión o recepción" de signos o señales.
La medida será aplicada "por plazos no superiores a tres meses" para delitos como homicidio, secuestro, pornografía, extorsión, agrupaciones ilícitas, comercio de personas, organizaciones internacionales delictivas, entre otros.
Barahona anticipó que el carácter "excepcional" de la medida y una serie de "filtros" establecidos en la ley y en este acuerdo con los Estados Unidos evitarán que se emplee este centro para otros fines.
