El secretario nacional de Derechos Humanos de Brasil, Paulo Vanucchi, expresó hoy su preocupación por la "caótica" situación en las cárceles del país y admitió que podría servir como base para denuncias ante organismos internacionales.
Vanucchi citó concretamente el caso de un penal del estado de Espíritu Santo, región que ostenta las mayores tasas de violencia del país, donde unos 300 presos permanecen recluidos en contenedores de transporte marítimo adaptados como celdas, por falta de espacio en las prisiones.
Las autoridades de Espíritu Santo, responsables por los presidios del estado, sostienen que fue necesario optar por los contenedores para reducir el hacinamiento, que solo podrá ser eliminado a partir de 2010, cuando serán inauguradas dos nuevas cárceles en la región.
El Gobierno nacional ha llegado a barajar la posibilidad de una intervención federal en el estado, aunque ese extremo fue desechado la víspera por el ministro de Justicia, Tarso Genro.
Vanucchi, en declaraciones a la Agencia Brasil (oficial), indicó que tampoco apoya una intervención, pero dijo que las autoridades locales "deben actuar con rapidez" para impedir que el país sea procesado ante tribunales internacionales.
Según el secretario, un organismo de derechos humanos ya anunció su intención de presentar el caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que supondría "un desgaste" para la imagen del país, apuntó.
Vanucchi admitió además que el sistema penitenciario brasileño padece de graves problemas de hacinamiento y violaciones de los derechos humanos, pero garantizó que el Gobierno trabaja para humanizar la situación tras las rejas.
No obstante, declaró que "pasarán algunos años hasta que se pueda sacar al sistema penitenciario brasileño del colapso".
Según un informe parlamentario presentado a fines del año pasado, las cárceles brasileñas albergaban entonces a unos 500.000 detenidos, pese a que su capacidad es para 260.000.
El informe dice además que "el caos (en las cárceles) también se expresa en la falta de ocupación", pues "el 80 por ciento de los presos no trabaja y el 82 por ciento no estudia, por lo que el ocio impera en los penales".
