El Senado de Bolivia formó un tribunal para juzgar al ex presidente interino de la Corte Suprema Eddy Fernández, suspendido del cargo en mayo pasado acusado de retrasar el enjuiciamiento del ex Jefe de Estado Gonzalo Sánchez de Lozada.
El tribunal de sentencia fue conformado el martes en la noche por 22 senadores, 12 de la oposición y diez del oficialismo, informó hoy una fuente del órgano legislativo.
El presidente de la cámara alta, el opositor Óscar Ortiz, estará a la cabeza de este órgano que abrirá su primera audiencia el próximo 29 de septiembre.
Fernández fue suspendido de su cargo el 14 de mayo por orden de la Cámara de Diputados, controlada por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), que lo acusó de haber retrasado de forma deliberada el juicio por genocidio contra Sánchez de Lozada.
El ex mandatario y varios de los ministros de su segundo Gobierno (2002-2003) han sido imputados por su presunta responsabilidad en la muerte de más 60 personas en octubre del 2003, durante la represión de varias protestas sociales antigubernamentales.
Pocos días después de la suspensión de Eddy Fernández, la Corte Suprema inició el juicio de responsabilidades contra el Gobierno del antiguo gobernante, que vive en Estados Unidos y cuya extradición ha sido solicitada por el presidente Evo Morales.
Según la normativa, una vez que el Senado inicie el enjuiciamiento de Fernández, debe centrarse sólo en esa tarea y dejar de lado labores legislativas o de fiscalización con el propósito de agilizar el proceso.
Si la cámara alta, controlada por la oposición, desestima la denuncia, Fernández deberá ser restituido en su cargo.
La oposición ha denunciado varias veces que la suspensión del presidente de la Corte Suprema y la paralización total del Tribunal Constitucional han sido provocadas por el oficialismo para evitar que se controle las acciones del poder Ejecutivo.
El lugar de Fernández fue ocupado por la magistrada Beatriz Sandoval, a quien el Gobierno acusó ayer ante el Congreso de prevaricación en un fallo sobre un caso de terrorismo.
Sandoval y otros dos magistrados del Supremo han sido acusados, además de prevaricación, de incumplimiento de deberes y de emitir resoluciones contrarias a la Carta Magna por respaldar decisiones que avalaron el cambio de jurisdicción de La Paz a Santa Cruz en la investigación de una banda terrorista.
