El Senado de Uruguay aprobó hoy el proyecto de ley para "reparar integralmente" a las víctimas de la dictadura y reconoció "la actuación ilegítima" del Estado en esa época (1973-1985).
El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados para su consideración final, comunicó la Cámara de Senadores en un dictamen.
El borrador legal fue respaldado por 16 senadores de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio y tuvo el rechazo de cinco legisladores del Partido Nacional.
Este grupo opositor había solicitado una cláusula en el proyecto de ley que incluyera entre los beneficiarios de las reparaciones a los policías y militares que cayeron en "la lucha contra la subversión".
Sin embargo, los senadores oficialistas rechazaron esta propuesta.
La iniciativa, de 24 artículos, establece en su primer punto que se asume el "quebrantamiento del Estado de Derecho" entre el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985, periodo en el cuál se desarrolló la dictadura.
La consideración a las víctimas de los cinco años anteriores, desde el 13 de junio de 1968 al golpe cívico-militar, también queda recogida en el segundo artículo del proyecto.
En él se reconoce "la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición, homicidio y aniquilación de personas en su integridad psicofísica, en el marco ideológico de la doctrina de la seguridad nacional".
En el primer año se pagarán 17 millones de dólares para los familiares de las 34 personas que oficialmente se reconocen como desaparecidas en el país, otras cien desaparecidas en el exterior y otro centenar de lesionados durante esa época.
El Estado uruguayo ya pagó 42 millones de dólares en los últimos tres años por compensaciones a ex presos políticos, exiliados y personas que perdieron su trabajo por razones políticas durante la dictadura.
En los últimos tres años casi seis mil uruguayos se presentaron para solicitar el beneficio de compensaciones o jubilación anticipada por casos de violaciones a los derechos humanos.
Unos 4.700 de los casos fueron resueltos a favor del reclamo y unos 1.300 fueron rechazados.
