El Gobierno de Bolivia prevé sustituir las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas que operan en el país, y que son filiales de grupos de España y Suiza, por tesorerías públicas para la recepción de aportes y entrega de rentas de jubilación, informó hoy el diario La Razón.
El director de Políticas para la Previsión Social del Ministerio de Trabajo, Sócimo Paniagua, explicó que el Ejecutivo trabaja en "la reglamentación y actualización" de la reforma de la Ley de Pensiones en función de la nueva Constitución que el presidente Evo Morales promulgó el pasado mes de febrero.
En esa nueva norma "ya no tiene que haber AFP privadas, tienen que ser administradoras de pensiones públicas", afirmó Paniagua, quien abogó por desterrar "a los sistemas neoliberales" y, como consecuencia, a las Administradoras de Fondos de Pensiones que actualmente operan en el país.
En este sentido, el funcionario recordó que la nueva Carta Magna "prohíbe toda administración privada de los recursos propios de los trabajadores", por lo que indicó que las AFPs pueden ser sustituidas "simplemente por administradoras públicas, tesorerías del Estado", donde todos los ciudadanos puedan acceder a una pensión.
No obstante, indicó que aún no se ha definido el número de entidades estatales en las que los bolivianos podrán hacer sus aportes y recibir sus pensiones.
El Estado boliviano tiene contratos vigentes desde finales de 1996 con AFP Previsión, perteneciente al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), y AFP Futuro, del grupo Zúrich Financial Service.
Según informes de finales de 2007, ambas entidades controlan más de 2.200 millones de dólares y tienen 1,2 millones de cotizantes.
En diciembre de 2008 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que habilitaba a dos AFP, una privada y otra pública, para que el aportante pudiera elegir a cuál acogerse.
Sin embargo, la nueva Constitución establece que la dirección y administración de la seguridad social "corresponde al Estado, con control y participación social" y que "los servicios de seguridad pública no podrán ser privatizados ni concesionados".
Según Paniagua, la adecuación de la nueva Ley de Pensiones, que podría estar lista en la primera semana de enero, tomará en cuenta el texto aprobado en Diputados y la propuesta de la Central Obrera Boliviana (COB).
Además, el funcionario aseguró que con la nueva Ley de Pensiones se garantiza que los aportes para la jubilación continuarán siendo individuales y que no serán sometidos a confiscación.
"No va a haber confiscación de ningún centavo de los aportantes; sólo se está pretendiendo resguardar los recursos (de los trabajadores), donde el Estado sea realmente el principal garante", concluyó.
