La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia tendrá competencia para investigar y enjuiciar a los congresistas que renuncien al fuero con el objetivo de que sus casos sean asumidos por la Fiscalía General, según una jurisprudencia del alto tribunal conocida hoy.
La decisión la tomó la Sala Penal de la CSJ, que le cerró así las puertas a la tendencia de los legisladores vinculados con causas criminales a dimitir para quedar en manos de la fiscalía, que les garantiza una doble instancia.
Unos treinta antiguos legisladores vinculados con el escándalo de la "parapolítica" (nexos de congresistas con grupos paramilitares) han renunciado al fuero en menos de dos años con ese propósito.
En un breve comunicado difundido en Bogotá, el alto tribunal dijo que la Sala Penal "cambió (...) su jurisprudencia respecto de la investigación y el enjuiciamiento de los congresistas que renuncien al fuero parlamentario".
Por cinco votos a favor y cuatro en contra, la Sala Penal del Supremo le puso freno a esta posibilidad, al confirmar que tiene la competencia para investigar y enjuiciar a los parlamentarios.
El vicepresidente de la CSJ, Jaime Arrubla, explicó a la prensa que, en síntesis, "la Corte podrá conservar su competencia si el delito cometido por el congresista está directamente relacionado con el ejercicio de sus funciones".
La jurisprudencia fue adoptada tras el estudio del más reciente caso de un legislador dimisionario, Édgar Eulises Torres, detenido el pasado lunes por orden del alto tribunal, que lo procesó por vínculos con paramilitares.
"La Corte determinó conservar la competencia para continuar investigándolo por sus presuntos nexos con grupos al margen de la ley", precisó la Corte Suprema, que recordó que es el "juez natural de los congresistas".
Además, en el caso de Torres se investigan hechos cometidos durante la permanencia de este político en el Legislativo y por conductas que "posiblemente tuvieron que ver con el ejercicio del cargo", puntualizó la fuente.
Hasta ahora, la CSJ trasladaba a la Fiscalía General los casos de legisladores que dimitían una vez que habían sido procesados o detenidos por orden del alto tribunal, que investiga y somete a juicio a los funcionarios con fuero.
La fiscalía, los investiga y luego los pasa a un juez, que adopta una sentencia que puede ser apelada en instancias superiores, incluida la Corte Suprema.
El alto tribunal ha procesado a unos setenta congresistas, la mayoría de ellos de la coalición en el Gobierno, por sus presuntas relaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que se disolvió a mediados de 2006 tras desarmar a más de 31.000 paramilitares dentro de un proceso de paz con el Ejecutivo del presidente Álvaro Uribe.
